REVISIÓN SISTEMÁTICA

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REVISIÓN SISTEMÁTICA

Revisión sistemática sobre el Invierte.pe y la inversión pública en el Perú

Systematic review of Invierte.pe and public investment in Peru

Erlyn Salazar^1*

Universidad Nacional de Trujillo, 13001, Trujillo, Perú.

2 Facultad de Ciencias Económicas, Universidad Nacional de Trujillo. Av. Juan Pablo II s/n – Ciudad Universitaria, Trujillo, Perú.

*Autor correspondiente: erlynsalazarhuaman@gmail.com (E. Salazar).

Fecha de recepción: 30 10 2025. Fecha de aceptación: 22 06 2026

RESUMEN

Este artículo de revisión aborda la evolución del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones – Invierte.pe, resaltando su papel en la modernización de la gestión de la inversión pública en el Perú. Su objetivo principal es evaluar cómo este sistema ha mejorado la eficiencia, transparencia y sostenibilidad en el uso de los recursos públicos, orientando las inversiones hacia el cierre de brechas sociales y territoriales. La metodología empleada fue una revisión sistemática cualitativa, basada en el análisis de artículos académicos publicados entre 2018 y 2025 en bases de datos como Scielo, Redalyc y Dialnet. El estudio se centra en la evolución del sistema desde la transición del antiguo SNIP hacia Invierte.pe, destacando los avances en la programación multianual, formulación, ejecución y evaluación ex post de proyectos. Asimismo, resalta la incorporación de herramientas digitales como el Banco de Inversiones y los sistemas de seguimiento físico-financiero, que fortalecen la rendición de cuentas y la planificación estratégica. Se concluye que el Invierte.pe constituye una herramienta clave para la eficiencia del gasto público y el desarrollo sostenible, aunque aún enfrenta retos en la capacitación técnica y la gestión territorial.

Palabras clave: Invierte.pe; inversión pública; gestión pública; eficiencia del gasto; desarrollo sostenible.

ABSTRACT

This review article addresses the evolution of the National System for Multiannual Programming and Investment Management (Invierte.pe), highlighting its role in modernizing public investment management in Peru. Its main objective is to evaluate how this system has improved efficiency, transparency, and sustainability in the use of public resources, guiding investments toward closing social and territorial gaps. The methodology employed was a qualitative systematic review, based on the analysis of academic articles published between 2018 and 2025 in databases such as Scielo, Redalyc, and Dialnet. The study focuses on the evolution of the system since the transition from the former SNIP to Invierte.pe, highlighting advances in multiannual programming, project formulation, execution, and ex-post evaluation. It also highlights the incorporation of digital tools such as the Investment Bank and physical-financial monitoring systems, which strengthen accountability and strategic planning. It can be concluded that Invierte.pe is a key tool for public spending efficiency and sustainable development, although it still faces challenges in technical training and territorial management.

Keywords: Invierte.pe; public investment; public management; spending efficiency; sustainable development.

INTRODUCCIÓN
El Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones – Invierte.pe, creado mediante el Decreto Legislativo Nº 1252, constituye el principal instrumento de gestión de la inversión pública en el Perú. Este sistema orienta el uso eficiente de los recursos públicos destinados a la provisión de servicios e infraestructura para el desarrollo nacional. Según Gaviño (2019), el Invierte.pe busca fortalecer la planificación estratégica al alinear las inversiones con los objetivos nacionales, regionales y locales, priorizando el cierre de brechas de infraestructura y servicios. Rodríguez & Béjar (2022), destacan que el sistema promueve la eficiencia, calidad y transparencia del gasto público, al establecer procesos estandarizados que mejoran la trazabilidad y reducen la discrecionalidad en la toma de decisiones. Tomando en cuenta a Martínez & Paredes (2025) mencionan que la estructura multianual de Invierte.pe permite una gestión ordenada del ciclo de inversión —desde la programación, formulación, ejecución y operación—, garantizando que los proyectos no solo sean planificados, sino que efectivamente entren en funcionamiento y generen beneficios sostenibles para la población. Este marco normativo representa una evolución del sistema tradicional de inversión pública, dotando al Estado de una herramienta moderna para la gestión responsable y orientada a resultados.

El sistema Invierte.pe adquiere gran relevancia debido a la urgente necesidad de optimizar la inversión pública para reducir desigualdades sociales, mejorar la provisión de servicios básicos y promover el desarrollo sostenible. Según el Banco Central de Reserva del Perú (2023), la inversión pública constituye un motor esencial del crecimiento económico y un mecanismo eficaz para reducir la pobreza mediante la generación de infraestructura productiva y social. En esa línea Gaviño (2019), señala que Invierte.pe representa una modernización institucional frente al antiguo Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP), superando sus limitaciones de rigidez y lentitud en la formulación y aprobación de proyectos. De acuerdo con Quispe et al. (2024), una de las principales ventajas del nuevo sistema es la priorización multianual de proyectos, permite enfocar los recursos hacia intervenciones que generan mayor impacto social y territorial. Chapoñan (2023), destaca que Invierte.pe contribuye a la transparencia y rendición de cuentas, al incorporar criterios claros de evaluación, seguimiento y registro en el Banco de Inversiones, lo que fortalece la coherencia entre la planificación estratégica y la ejecución presupuestal, este sistema consolida un modelo más eficiente, ágil y alineado con las metas de desarrollo sostenible del país.

La evolución del sistema de inversión pública en el Perú ha sido progresiva y significativa. En el año 2000 se creó el Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) mediante la Ley N.° 27293, con el objetivo de garantizar la viabilidad técnica, económica y social de los proyectos estatales. Sin embargo, con el tiempo, este sistema fue objeto de críticas por su burocracia excesiva y rigidez metodológica, que generaban demoras en la aprobación y ejecución de proyectos (El Peruano, 2008). Ante estas limitaciones, el Estado implementó una reforma estructural con la promulgación del Decreto Legislativo N° 1252 en 2017, que dio origen al Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones (Invierte.pe). Según Kahn et al. (2024) este cambio representó un proceso de modernización de la gestión pública, orientado a la reducción de brechas en infraestructura y servicios básicos, así como a la articulación entre la planificación territorial y el desarrollo sostenible. De acuerdo con Ministerio de Economía y Finanzas (2022), Invierte.pe introdujo un enfoque ágil y orientado a resultados, con mecanismos más flexibles y eficientes que el SNIP, fortaleciendo la transparencia y la gestión por desempeño.

El Invierte.pe se estructura en cuatro fases principales, que aseguran la eficiencia, sostenibilidad y coherencia de los proyectos públicos. La primera es la Programación Multianual de Inversiones (PMI), donde se identifican las brechas de infraestructura y se priorizan intervenciones dentro de una cartera estratégica (Comisión Económica para América Latina y el Caribe, 2016). En la segunda fase, denominada Formulación y Evaluación, los proyectos se desarrollan desde el perfil hasta el estudio técnico definitivo, evaluándose su viabilidad económica, social y ambiental antes de ser registrados en el Banco de Inversiones. La tercera fase corresponde a la Ejecución, que abarca la elaboración del expediente técnico, la contratación y el seguimiento físico-financiero. Por último, la fase de Funcionamiento, Operación y Mantenimiento garantiza que los activos públicos entren en servicio bajo criterios de sostenibilidad, incluyendo evaluaciones ex post y procesos de retroalimentación para mejorar la programación de inversiones futuras (Maza, 2022). 

La inversión pública se entiende como la asignación estratégica de recursos del Estado destinada a la creación, mejora, modernización o mantenimiento de infraestructura, bienes y servicios que contribuyen al bienestar colectivo. De acuerdo con Guerrero (2021), este tipo de inversión constituye un instrumento esencial para impulsar el desarrollo económico y la cohesión territorial, ya que genera capacidades productivas sostenibles y fomenta la competitividad regional. De la Cruz et al., (2020), destacan que la inversión pública no debe confundirse con el gasto corriente, pues su objetivo no es el consumo inmediato, sino la formación de capital físico y humano que incremente la productividad nacional a largo plazo.

De acuerdo con Jaramillo (2022) sostiene que la inversión pública cumple un papel redistributivo al priorizar proyectos que mejoran la cobertura y calidad de los servicios esenciales —como educación, salud, transporte y saneamiento—, cerrando brechas sociales y territoriales históricas. Por otro lado Gonzales et al., (2025) enfatizan que la correcta gestión de la inversión pública permite generar impactos multiplicadores en la economía, contribuyendo al crecimiento sostenible y a la reducción de desigualdades estructurales.

La importancia de la inversión pública constituye un motor esencial del crecimiento económico y la productividad nacional, al generar infraestructura que estimula la actividad productiva, fortalece los encadenamientos sectoriales y mejora las condiciones de vida de la población. De acuerdo con Guerrero (2021), este tipo de inversión genera efectos multiplicadores que incrementan la competitividad, fomentan la conectividad territorial y potencian el bienestar social. De la Cruz et al., (2020), sostienen que la inversión en infraestructura pública no solo dinamiza el empleo y el ingreso, sino que también actúa como un mecanismo anticíclico ante crisis económicas, al mantener la demanda agregada y promover la recuperación sostenible.

Por su parte, Jaramillo (2022), afirma que la inversión pública es un instrumento decisivo para el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), pues contribuye a garantizar servicios básicos, infraestructura resiliente y equidad territorial. Por otro lado, Gonzales et al., (2025), mencionan que su impacto depende más de la calidad de la gestión, la transparencia y la pertinencia de los proyectos, que, del volumen de recursos asignados, ya que una inversión mal planificada puede generar ineficiencias y costos sociales elevados.

La inversión pública cumple múltiples finalidades estratégicas orientadas al desarrollo integral y equitativo del país. En primer lugar, permite reducir desigualdades mediante la expansión de servicios públicos e infraestructura básica, fortaleciendo la cohesión territorial. Según Reynaga (2018), la inversión en infraestructura social contribuye a mejorar la equidad y la inclusión, especialmente en zonas rurales. En segundo lugar, posibilita la renovación y modernización de la infraestructura existente para atender demandas crecientes derivadas del cambio demográfico y tecnológico.

Asimismo, la inversión pública fomenta el desarrollo económico y regional, al activar sectores productivos y dinamizar las economías locales. De acuerdo con Andrian et al., (2019), invertir en transporte y conectividad reduce los costos logísticos, incrementa la competitividad y amplía los mercados regionales. Rojas & Rivadeneyra (2025), sostienen que la inversión en salud eleva la productividad laboral, mientras que la inversión educativa fortalece el capital humano, base del crecimiento sostenible. Por otro lado, Ardanaz et al., (2025) destaca que una gestión eficiente de la inversión pública aumenta la capacidad institucional del Estado para proveer servicios con calidad, eficiencia y sostenibilidad ambiental.

Las ventajas de una inversión pública bien gestionada destacan su capacidad para estimular la demanda agregada en periodos de desaceleración económica y para dinamizar la actividad productiva, actuando como un motor contracíclico del crecimiento. Según Instituto Peruano de Economía (2020), el gasto público en infraestructura tiene un impacto multiplicador inmediato en el empleo y el consumo interno, impulsando la reactivación económica. Asimismo, la inversión pública genera un efecto catalizador sobre la inversión privada, al mejorar las condiciones logísticas y reducir los costos de operación de las empresas, lo que incentiva nuevas inversiones y alianzas público-privadas (Vassallo, 2019).

De igual forma, una planificación eficiente contribuye a la aceleración del desarrollo territorial, promoviendo la integración entre regiones y la descentralización de oportunidades económicas (Espinoza et al., 2026). La creación de activos públicos duraderos —como carreteras, hospitales o sistemas de agua— fortalece el capital físico del país y genera beneficios sostenibles a mediano y largo plazo (Almonacid, 2023). Por último, cuando los procesos de inversión se ejecutan bajo principios de transparencia, trazabilidad y eficiencia, se fortalece la rendición de cuentas y la confianza ciudadana, mejorando la legitimidad institucional del Estado (Toala & Garay, 2025).

Las fases del ciclo de inversión pública se estructuran de forma interdependiente, lo que garantiza la eficiencia y sostenibilidad del gasto del Estado. En primer lugar, la identificación y priorización de brechas permite reconocer las necesidades sociales y de infraestructura en función de los objetivos estratégicos nacionales (Velasco, 2023). Posteriormente, en la fase de formulación y evaluación, se determina la viabilidad técnica, económica, social y ambiental del proyecto, lo que asegura que los recursos se orienten a intervenciones de alto impacto (Martínez & Paredes, 2025).

La fase de ejecución comprende los procesos de contratación, construcción, supervisión y control financiero, siendo crítica para mantener la eficiencia temporal y presupuestal Lozada (2018). Por último, el funcionamiento, operación y mantenimiento, junto con la evaluación ex post, permiten medir el rendimiento real de la inversión y aplicar aprendizajes para futuros proyectos (Cespedes, 2020). Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (2024) este ciclo integral no solo busca garantizar el uso eficiente de los fondos públicos, sino también maximizar los beneficios sociales y económicos, asegurando la sostenibilidad de los resultados a largo plazo.

En la actualidad, los sistemas de programación multianual y gestión de inversiones públicas enfrentan una transformación impulsada por la recuperación postpandemia, el cambio climático y la digitalización, con énfasis en la sostenibilidad y la resiliencia económica (Chahuán et al., 2023). Esta transición responde a la necesidad de orientar la inversión pública hacia proyectos que generen valor social y ambiental, priorizando la eficiencia en el gasto y la reducción de vulnerabilidades estructurales frente a crisis globales. Según Llempén et al., (2024), la integración de criterios climáticos en la gestión de inversiones es un requisito esencial para evitar riesgos de infraestructura obsoleta y asegurar la coherencia con los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

En el mundo, los sistemas de programación multianual y gestión de inversiones públicas representan una evolución en la planificación económica, impulsada por la globalización y las crisis recurrentes desde los años ochenta (Carranza et al., 2011). Estos marcos buscan estabilizar economías volátiles al promover inversiones sostenibles en sectores críticos, como transporte, energía y salud, reduciendo la dependencia de decisiones fiscales de corto plazo. De acuerdo con Stiglitz (2002), este tipo de planificación contrarresta la ineficiencia del gasto público discrecional, fomentando un crecimiento inclusivo y equilibrado. A su vez, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (2023) destaca que estas prácticas se alinean con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, mientras que Dodman et al. (2022), menciona sobre la necesidad de incorporar la evaluación de riesgos climáticos en los modelos de inversión pública. Rodrik (2011) resalta que los gobiernos deben equilibrar apertura económica con protección social para evitar desigualdades derivadas de la financiarización global.

En diferentes países, los sistemas de inversión pública varían según los bloques económicos y regionales, adoptando modelos que promueven la cooperación transfronteriza y la sostenibilidad fiscal (Comisión Económica para América Latina y el Caribe, 2023). En la Unión Europea, el Marco Financiero Plurianual (MFP), establecido en 1988 y reformado en 2020, estructura presupuestos para períodos de siete años destinados a reducir las disparidades económicas, sociales y territoriales entre las regiones, buscando un desarrollo equilibrado y equitativo, además de garantizar la estabilidad fiscal entre los 27 Estados miembros (Comisión Europea, 2020). En América Latina, el Sistema Nacional de Inversiones de Chile, influenciado por el Banco Mundial, evalúa los proyectos de inversión pública en función de su rentabilidad social y económica, priorizando sectores como transporte, educación y energía renovable (Banco Mundial, 2018). En Brasil, el Sistema de Planejamento e Orçamento Federal (Siop) integra ciclos plurianuales en el Plan Nacional de Desarrollo, orientados a la reducción de desigualdades, aunque enfrenta problemas burocráticos y de eficiencia administrativa (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, 2021). Por su parte, México articula el Sistema Nacional de Planeación Democrática y el Fondo Nacional de Infraestructura (FONADIN), que financian proyectos sexenales mediante alianzas público-privadas para mitigar riesgos fiscales y mejorar la eficiencia del gasto Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (2023).

Estos enfoques internacionales, inspirados en el Marco de Gasto de Mediano Plazo (MTEF) del Banco Mundial, promueven la evaluación costo-beneficio y la participación ciudadana; sin embargo, problemas comunes como la captura política y la falta de datos precisos limitan su efectividad. De acuerdo con Rodrik (2011) señalan que la excesiva dependencia de consultores externos en economías emergentes puede distorsionar las prioridades nacionales de desarrollo.

En nuestro país, el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones (SNIP), regulado por la Ley Nº 27293 desde el año 2000 y actualizado con la Ley Nº 30518 en 2017, constituye el marco rector para la gestión de la inversión pública, administrado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Este sistema orienta la priorización de proyectos con horizontes de tres a cinco años, evaluando su viabilidad económica, social y ambiental, con el fin de optimizar el gasto público —que representa aproximadamente entre el 5 % y 7 % del PIB nacional— y contribuir a la reducción de la pobreza extrema (Ministerio de Economía y Finanzas, 2022). Según Velasco (2025), el SNIP fue un instrumento clave para racionalizar la inversión estatal, aunque su excesiva rigidez técnica generó demoras burocráticas en la ejecución de obras. Escobar et al. (2021), señala que, pese a las reformas introducidas, el sistema aún enfrenta limitaciones en la articulación entre los niveles de gobierno y la gestión territorial de los proyectos. Asimismo, la Contraloría General de la República (2023) hizo mención de las deficiencias en la ejecución presupuestal por causas vinculadas a la inestabilidad política y la pandemia, lo que afectó la culminación oportuna de inversiones estratégicas. No obstante, investigaciones como las de Rivasplata & Ocola (2025) destacan los avances logrados mediante la digitalización del proceso y la implementación de plataformas como el SIAF y el Banco de Inversiones, que han incrementado la transparencia y trazabilidad de los proyectos públicos. En la actualidad, el sistema se encuentra alineado con el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2021–2025 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), aunque enfrenta retos fiscales derivados del endeudamiento y de la limitada capacidad de ejecución de los gobiernos subnacionales.

A pesar de la base normativa del sistema Invierte.pe y de los esfuerzos por digitalizar el ciclo de inversión, existe una desconexión crítica. Mientras que la mayoría de los estudios actuales se han centrado de manera aislada en la transición técnica desde el antiguo SNIP (Sistema Nacional de Inversión Pública) o en la descripción de las fases de programación y formulación. Gaviño (2019) observa una carencia de análisis integradores que evalúen la fase de funcionamiento y evaluación. La producción científica actual no ha logrado determinar de manera concluyente si la flexibilidad del nuevo sistema ha sacrificado la calidad técnica por la celeridad administrativa, ni cómo la inestabilidad política y la limitada capacidad técnica en los gobiernos subnacionales neutralizan las ventajas teóricas del sistema. Esta fragmentación de la información impide tener una visión holística sobre si la inversión pública está cumpliendo efectivamente con su promesa de sostenibilidad a largo plazo.

Esta revisión sistemática se justifica en la necesidad de consolidar la evidencia dispersa de información y con ello ofrecer una respuesta clara sobre la efectividad real de la gestión pública bajo el marco del Decreto Legislativo N° 1252. Este trabajo permite contrastar la modernización administrativa con los resultados en investigaciones de campo; en la práctica, sirve como una herramienta de diagnóstico para identificar los cuellos de botella que aún persisten en el ciclo de inversión, surge la siguiente pregunta de investigación: ¿Qué evidencias reporta la literatura científica sobre el impacto del sistema Invierte.pe en la eficiencia de la inversión pública y el cierre de brechas de infraestructura en el Perú?

La importancia de esta investigación radica en la función estratégica que cumple la inversión pública como motor del crecimiento económico y mecanismo de reducción de la pobreza en el Perú (Banco Central de Reserva del Perú, 2023). En la actualidad en un contexto de crisis globales y metas de desarrollo sostenible, la relevancia es máxima, pues el país destina entre el 5% y 7% de su PBI a proyectos que deben ser resilientes y transparentes. Sistematizar este conocimiento no solo contribuye al debate sobre la gestión por resultados, sino que también aporta valor social al analizar cómo la administración de los recursos estatales impacta directamente en la calidad de vida de la población. Es por ello que, entender los éxitos y fallos de Invierte.pe es fundamental para fortalecer la legitimidad del Estado y asegurar que la infraestructura pública no sea solo una cifra presupuestal, sino un activo social duradero.

METODOLOGÍA

La presente investigación se desarrolla bajo un enfoque cualitativo, definido por (Hernández et al., 2014) como un proceso que busca comprender los fenómenos en su contexto natural, analizando e interpretando el contenido de los estudios existentes sobre el impacto del sistema Invierte.pe en la gestión de la inversión pública en el Perú. Este enfoque permite profundizar en las experiencias de implementación y los desafíos técnicos reportados en la literatura científica.

El diseño corresponde a una revisión sistemática, la cual, según Gisbert & Bonfill (2004), es un artículo científico que sintetiza los resultados de estudios primarios mediante una metodología rigurosa y reproducible. Para garantizar la calidad del proceso, se siguieron las directrices de la declaración PRISMA 2020 (Page et al., 2021), orientada a recopilar y evaluar estudios académicos publicados en bases de datos de alto impacto como Scielo, Redalyc y Dialnet. El recorte temporal se fijó entre los años 2018 y 2025, periodo en el cual el sistema Invierte.pe alcanzó su fase de maduración tras reemplazar al Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) en 2017 (Percca, 2023)

El proceso metodológico se ejecutó siguiendo las fases propuestas: (a) búsqueda y selección de artículos científicos mediante criterios de elegibilidad; (b) análisis y clasificación de la información extrayendo variables críticas de gestión; y (c) síntesis e interpretación de los hallazgos. Para la búsqueda, se utilizaron términos de control y palabras clave validadas en tesauros, tales como: “inversión pública”, “Invierte.pe”, “eficiencia en la gestión pública”, “sistemas de inversión”, “gobiernos locales” y “transparencia en proyectos públicos”. Estas búsquedas fueron potenciadas mediante el uso de operadores booleanos para precisar la relación entre la normativa vigente y el desempeño de los pliegos presupuestarios (Incacutipa, 2022).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

El proceso de búsqueda permitió identificar un conjunto amplio de investigaciones relacionadas con el sistema Invierte.pe y la inversión pública en el Perú. Tras aplicar los criterios de elegibilidad y depurar los registros duplicados o no pertinentes, se incluyeron 40 estudios publicados entre 2015 y 2025. Estos documentos abarcan investigaciones académicas, tesis, artículos en revistas indexadas y reportes técnicos de organismos nacionales e internacionales, lo que permitió construir una visión integral del funcionamiento, alcances y desafíos del sistema de inversión pública.

En relación con la formación de capital físico y su impacto en el crecimiento económico, la inversión pública constituye un componente esencial para el aumento de la productividad agregada. Almonacid, (2023); De la Cruz et al., (2020), mencionan que la acumulación de activos públicos influye directamente en la competitividad nacional y en la expansión del producto potencial.

Desde la perspectiva macroeconómica, Carranza et al. (2011) analizan la gestión fiscal en contextos de globalización, mientras que Rojas & Rivadeneyra (2025), enfatizan la importancia del capital humano como complemento de la inversión en infraestructura. Estos estudios muestran que el efecto del gasto público es mayor cuando existe coherencia entre política fiscal y planificación estratégica.

En cuanto a los efectos multiplicadores, el Instituto Peruano de Economía (2020) junto con Gonzales et al., (2025), evidencian que la inversión pública genera impactos positivos sobre el producto bruto interno regional, especialmente en sectores de infraestructura básica. Asimismo, Jaramillo (2022); Banco Mundial (2021), destacan el carácter redistributivo de la inversión pública, señalando que su rentabilidad social puede superar ampliamente los retornos privados cuando se orienta al cierre de brechas estructurales.

Como afirma el Banco Central de Reserva del Perú (2023), existe un rol contracíclico de la inversión pública durante periodos de desaceleración económica, mientras que Chahuán et al. (2023), hacen mención a la contribución a la resiliencia económica en el periodo posterior a la pandemia, coinciden en que la inversión pública funciona como estabilizador macroeconómico.

Para modernización, Gaviño, (2019) comparan el antiguo SNIP con Invierte.pe y concluyen que la reforma redujo tiempos administrativos y simplificó procesos. Ynocente (2024) menciona que persisten limitaciones burocráticas en determinados niveles subnacionales, lo que condiciona la eficiencia del sistema.

Ardanaz et al., (2025) y Kahn et al., (2024) hacen énfasis que la capacidad institucional es el principal determinante del desempeño del sistema de inversión pública, especialmente en la formulación y ejecución de proyectos. Por otro lado, Velasco (2025) y el MEF (2022) resaltan que la programación multianual y la racionalización del gasto son pilares fundamentales del nuevo enfoque adoptado por Invierte.pe.

De acuerdo con el Banco Mundial (2018) y la OCDE (2023) señalan que el Perú ha avanzado en alinearse con estándares internacionales de planificación y evaluación, aunque todavía enfrenta retos en medición de impacto. Por otro lado la Comisión Europea, (2020) ofrece evidencia sobre marcos plurianuales que refuerzan la disciplina fiscal y la sostenibilidad de largo plazo.

Respecto al cierre de brechas sociales, Velasco (2023); Quispe et al. (2024), analizan la priorización multianual como herramienta para orientar recursos hacia territorios con mayores necesidades. Guerrero (2021) y Reynaga (2018) complementan esta visión al destacar que la inversión pública puede fortalecer la cohesión territorial y la inclusión en zonas rurales.

Desde el punto de vista de Comisión Económica para América Latina y el Caribe (2023) y Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (2023), quienes vinculan la inversión pública con el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Llempén et al., (2024) y el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (2022), incorporan la variable climática en la planificación de infraestructura, señalando que la adaptación al cambio climático debe integrarse en el ciclo de inversión.

Ministerio de Economía y Finanzas (2023); Maza (2022), mencionan debilidades en el seguimiento posterior a la ejecución de los proyectos, especialmente en lo relacionado con mantenimiento y medición de resultados. Martínez & Paredes (2025); Segura (2024), mencionan que la sostenibilidad social y ambiental aún requiere indicadores más robustos y sistemas de monitoreo consolidados.

La transparencia y trazabilidad del sistema han sido analizadas por Toala & Garay (2025) y Chapoñan (2023), quienes resaltan avances en rendición de cuentas. Asimismo, Rivasplata & Ocola (2025) junto con Ministerio de Economía y Finanzas (2023) destacan la digitalización del Banco de Inversiones y del SIAF como mecanismos que fortalecen el control y la gestión de información. Por otro lado, la Contraloría General de la República (2023) aporta evidencia sobre el control concurrente y la supervisión de obras públicas como instrumentos para mejorar la ejecución.

Por último, Martínez & Paredes (2025), hacen mención acerca de la viabilidad técnica en la fase de formulación de proyectos, mientras que Vassallo (2019) analiza el papel de las Alianzas Público-Privadas en la competitividad y complementariedad de la inversión pública. Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (2023) aportan un enfoque comparativo sobre sistemas de planeación en América Latina, identificando la necesidad de fortalecer evaluaciones longitudinales.

Estos resultados tienen implicaciones directas para la gestión pública, sugiriendo una reorientación del enfoque administrativo actual (Ministerio de Economía y Finanzas, 2023). De acuerdo con Toala & Garay (2025) hacen mención a la necesidad de profundizar en la digitalización y la trazabilidad no solo como herramientas de registro, sino como mecanismos preventivos contra la corrupción, esto implica que el sistema Invierte.pe debe evolucionar hacia un soporte técnico descentralizado que fortalezca las capacidades de las Oficina de Programación Multianual de Inversiones en entidades públicas a nivel nacional, asegurando que la simplificación de procesos no derive en una pérdida de rigor técnico en la formulación de proyectos.

Asimismo, la sostenibilidad por parte de Martínez & Paredes (2025), hace mención que la práctica debe priorizar la fase de funcionamiento. La implicación práctica más urgente es la institucionalización de partidas presupuestarias obligatorias para el mantenimiento preventivo desde la concepción del proyecto. De acuerdo con Comisión Económica para América Latina y el Caribe (2023) y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (2023), la inversión pública en el Perú debe dejar de evaluarse únicamente por el nivel de devengado presupuestal y empezar a medirse por la calidad y continuidad de los servicios entregados, alineándose verdaderamente con los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Para futuras investigaciones, los hallazgos de esta revisión abren líneas de estudio que aún no han sido plenamente exploradas. Es necesario desarrollar investigaciones que integren de manera sistémica la variable del cambio climático en la inversión pública, tal como proponen Llempén et al., (2024) y el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (2022).  Además, existe una oportunidad para realizar estudios de impacto que utilicen el control concurrente de la Contraloría (2023) como fuente de datos primarios, permitiendo analizar la relación entre la transparencia administrativa y el cierre real de brechas, cerrando el círculo entre la planificación multianual y el beneficio ciudadano.

CONCLUSIONES

La presente revisión sistemática permitió analizar de manera integral la evidencia académica y técnica sobre el sistema Invierte.pe y la inversión pública en el Perú, a partir de la recopilación de estudios seleccionados. Los hallazgos muestran que la implementación de Invierte.pe ha representado un avance significativo en la planificación y gestión de la inversión pública, al incorporar un enfoque de programación multianual, orientación a resultados y mayor articulación con el desarrollo territorial.

La investigación realizada coincide en que la inversión pública cumple un rol estratégico en el crecimiento económico, la reducción de brechas sociales y el fortalecimiento de la cohesión territorial. Asimismo, se reconoce que el nuevo sistema ha contribuido a modernizar los procesos de formulación y ejecución de proyectos, promoviendo mayor transparencia y trazabilidad en la gestión de los recursos públicos.

El análisis también evidencia que la efectividad del sistema depende en gran medida de la capacidad técnica e institucional de las entidades públicas, especialmente en a nivel nacional, donde persisten desafíos vinculados a la ejecución oportuna de proyectos, la evaluación posterior de resultados y la sostenibilidad de las inversiones en el tiempo.

Los estudios revisados permiten mencionar que invierte.pe constituye una herramienta fundamental para fortalecer la gestión pública en el Perú. Su consolidación requiere continuar fortaleciendo capacidades institucionales, mejorar los mecanismos de seguimiento y garantizar una adecuada articulación entre planificación, ejecución y evaluación. De este modo, la inversión pública podrá cumplir plenamente su función como motor del desarrollo económico y social sostenible.

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