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Protección constitucional de las mujeres víctimas de violación sexual: fundamentos para la despenalización del aborto por violación sexual en el Perú
Constitutional Protection of Women Victims of Sexual Violence: Legal Grounds for the Decriminalization of Abortion Resulting from Rape in Peru
Carmen Calderon*1 ; Jorge Cueva *2
1 Unidad de Posgrado en Derecho y Ciencias Políticas, Universidad Nacional de Trujillo. Av. Juan Pablo II s/n, Ciudad Universitaria, Trujillo, Perú.
2 Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, Universidad Nacional de Trujillo. Av. Juan Pablo II s/n, Ciudad Universitaria, Trujillo, Perú.
*Autor correspondiente: ccalderonn @unitru.edu.pe (C. Calderon).
Fecha de recepción: 01 12 2025. Fecha de aceptación: 29 09 2026
RESUMEN
En el presente artículo se analiza el impacto de la eventual despenalización del aborto por violación en el Perú en la protección de derechos fundamentales de las víctimas. La investigación es de enfoque cualitativo y se sustenta en el análisis de jurisprudencia de la Corte Superior de Justicia de Piura, así como en precedentes nacionales y derecho comparado (2012–2019), aplicando métodos inductivo-deductivo, analítico-sintético y hermenéutico-jurídico. Los hallazgos evidencian que dicha medida se vincula con la protección de la autonomía reproductiva, el libre desarrollo de la personalidad, la libertad de decisión sobre la maternidad y la garantía de la dignidad humana, en el marco de los derechos sexuales y reproductivos reconocidos en el ámbito internacional. Asimismo, se identifica que la penalización vigente puede generar afectaciones relevantes en la salud física y psicológica de las víctimas, configurando una forma de violencia institucional. Se concluye que la despenalización contribuiría a fortalecer la tutela de los derechos fundamentales mencionados y permitiría el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva seguros, integrándolos en políticas públicas orientadas a la prevención de la violencia de género.
Palabras clave: Violación sexual; Embarazo; Aborto sentimental; Derechos fundamentales.
ABSTRACT
This article analyzes the potential impact of the decriminalization of abortion in cases of rape in Peru on the protection of victims’ fundamental rights. The study adopts a qualitative approach and is based on the analysis of jurisprudence from the Superior Court of Justice of Piura, national case law, and comparative law (2012–2019), applying inductive-deductive, analytical-synthetic, and legal-hermeneutic methods. The findings indicate that such a legal reform is closely linked to the protection of reproductive autonomy, the free development of personality, the right to decide on motherhood, and the safeguarding of human dignity within the framework of internationally recognized sexual and reproductive rights. It is also observed that the current criminalization may lead to significant physical and psychological harm to victims, constituting a form of institutional violence. It is concluded that decriminalization would strengthen the protection of the aforementioned fundamental rights and ensure access to safe and legal sexual and reproductive health services, integrating this approach into public policies aimed at preventing gender-based violence.
Keywords: Sexual assault; Pregnancy; Emotional abortion; Fundamental rights.
INTRODUCCIÓN
La violencia sexual ejercida contra las mujeres representa una problemática persistente que afecta el ejercicio efectivo de sus derechos fundamentales y genera importantes consecuencias sociales y sanitarias a nivel global. Según estimaciones de la Organización Mundial de la Salud, una proporción considerable de mujeres ha sufrido violencia física o sexual en algún momento de su vida, situación que genera efectos adversos en distintas dimensiones de su bienestar, incluyendo la salud física, psicológica, sexual y reproductiva (OMS, 2021).
Asimismo, la OMS reconoce que la violencia sexual representa una afectación directa a la dignidad humana y al ejercicio pleno de los derechos fundamentales de las mujeres.
De acuerdo con los reportes del Programa Nacional Aurora del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), durante el año 2024 se registraron más de 11 000 casos de violencia sexual contra niñas y adolescentes, siendo las mujeres el 93,6 % de las víctimas reportadas. Estas cifras reflejan la persistencia de un fenómeno estructural de violencia de género que afecta de manera particularmente intensa a niñas y adolescentes.
Frente a esta realidad, uno de los debates más relevantes en el ámbito jurídico y constitucional peruano gira en torno a la penalización del aborto en los casos en que el embarazo es consecuencia de una violación sexual. Mientras el ordenamiento jurídico reconoce la protección de la vida humana desde la concepción, diversos sectores doctrinarios sostienen que la continuación forzada de un embarazo producto de una agresión sexual puede constituir una afectación a los derechos fundamentales de la mujer, particularmente a su dignidad, integridad física y psicológica, libertad reproductiva y libre desarrollo de la personalidad.
La doctrina contemporánea reconoce que los derechos fundamentales cumplen una función de protección frente a posibles injerencias estatales y constituyen instrumentos esenciales para salvaguardar la dignidad de la persona. Desde esta perspectiva, se sostiene que, cuando existe tensión entre derechos o principios constitucionales, corresponde efectuar una evaluación ponderada que permita alcanzar una solución compatible con el orden constitucional. Asimismo, se destaca que la dignidad humana actúa como fundamento de todo el sistema jurídico y orienta la interpretación y aplicación de los derechos fundamentales (Ferrajoli, 2023; Alexy, 2021; Fernández Sessarego, 2022).
El problema de investigación se formula en la siguiente interrogante: ¿Qué derechos fundamentales resultarían garantizados mediante la despenalización del aborto en casos de embarazo derivado de violación sexual en el Perú?
La investigación se justifica porque permite analizar si la legislación penal vigente resulta compatible con los estándares nacionales e internacionales de protección de los derechos humanos de las mujeres. Su relevancia jurídica radica en examinar la tutela constitucional de la dignidad humana, la integridad personal y la libertad reproductiva; mientras que su importancia social se vincula con la necesidad de brindar una respuesta adecuada a las víctimas de violencia sexual, especialmente cuando se trata de niñas y adolescentes.
En el ámbito internacional se ha fortalecido la exigencia de que los Estados adopten mecanismos eficaces para garantizar la protección de los derechos reproductivos de las mujeres que han sido víctimas de violencia sexual. En esa línea, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer ha recomendado al Estado peruano remover los obstáculos que limitan el acceso oportuno a servicios integrales de salud y a medidas orientadas a la protección de sus derechos fundamentales (CEDAW, 2024).
Las bases teóricas de la investigación se sustentan en la teoría de los derechos fundamentales, la teoría de la dignidad humana, la teoría de la proporcionalidad y el enfoque de derechos humanos.
La configuración jurídica de los delitos vinculados a la violencia sexual ha experimentado transformaciones a lo largo del tiempo, tanto en su regulación normativa como en los criterios empleados para su interpretación. Estas modificaciones responden a la evolución de las concepciones doctrinales sobre el interés jurídico protegido, aspecto que ha influido de manera significativa en la delimitación y comprensión de estas conductas punibles (Rodríguez Vásquez & Valega Chipoco, 2023).
Por otro lado, el tratamiento jurídico del aborto continúa siendo objeto de debate tanto en la doctrina como en el ámbito constitucional. La controversia gira en torno a la necesidad de compatibilizar la protección de la vida en gestación con los derechos fundamentales de las mujeres, particularmente aquellos relacionados con la autonomía personal y la libertad reproductiva. En este contexto, mientras algunos sectores defienden la intervención penal como mecanismo de protección de la vida prenatal, otros consideran que dicha respuesta estatal puede resultar incompatible con el ejercicio de los derechos reproductivos y la autodeterminación de las mujeres (Daza González, Sierra-Zamora, & Daza Lora, 2024).
Respecto a las bases legales, la investigación se fundamenta en la Constitución Política del Perú, especialmente en las disposiciones referidas a la dignidad humana, la igualdad ante la ley, la integridad personal y el libre desarrollo de la personalidad. Del mismo modo, se consideran el Código Penal peruano, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belém do Pará).
Finalmente, el objetivo general de la investigación consiste en determinar los derechos fundamentales que resultarían garantizados mediante la despenalización del aborto en casos de embarazo derivado de violación sexual en el Perú.
METODOLOGÍA
El estudio se desarrolló bajo un enfoque cualitativo, con diseño no experimental de corte transversal, orientado al análisis jurídico de resoluciones judiciales en un periodo determinado, sin manipulación de variables. El alcance fue descriptivo–explicativo, enfocado en la identificación e interpretación de los criterios utilizados en la resolución de casos vinculados a la materia investigada.
La unidad de análisis estuvo constituida por resoluciones judiciales relacionadas con violencia sexual y embarazo producto de violación en menores de edad.
La muestra se seleccionó mediante muestreo no probabilístico intencional, considerando criterios de relevancia y pertinencia jurídica. Estuvo integrada por seis sentencias emitidas por la Corte Superior de Justicia de Piura, cuatro precedentes de alcance nacional y siete casos del derecho comparado.
El examen de la información se realizó mediante los métodos hermenéutico–jurídico, analítico–sintético e inductivo–deductivo, permitiendo la interpretación del contenido de las decisiones judiciales y de sus fundamentos doctrinales y constitucionales.
El tratamiento de los datos se efectuó a través del análisis documental y jurisprudencial, utilizando guías de análisis estructuradas para su organización en categorías temáticas. Posteriormente, la información fue sistematizada y evaluada desde una perspectiva jurídica integral.
La investigación se realizó bajo principios de integridad científica, objetividad y honestidad académica, garantizando la correcta atribución de las fuentes consultadas.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Del análisis de seis sentencias emitidas en la Corte Superior de Justicia de Piura, cuatro casos de ámbito nacional y siete casos del derecho comparado vinculados a violencia sexual con resultado de embarazo en menores de edad, se identificaron patrones relevantes en la respuesta jurisdiccional.
Tabla 1. Resultados de la jurisprudencia de Piura sobre violación sexual de menor con resultado embarazo:
(1) Expediente N° 03235-2011
Delito: Violación sexual de menor
Órgano jurisdiccional: Sala Penal de Apelaciones de Piura
15/03/2012
Confirmación de sentencia condenatoria por violación sexual cometida por el padre biológico.
35 años de Pena Privativa de la Libertad- PPL.
S/ 10,000 reparación civil
(2) Expediente N° 04380-2012
Delito: Violación sexual de menor
Órgano Jurisdiccional: Sala Penal de Apelaciones de Piura
04/10/2012
25 años de PPL Confirmación de condena conforme al art. 173.2 del CP.S/ 5,000 reparación civil.
(3) Expediente N° 0764-2013
Delito: Violación sexual de menor y aborto no consentido
Órgano jurisdiccional: Juzgado Colegiado “B” – CSJ Piura
08/04/2013
Condena por concurrencia real de delitos con responsabilidad diferenciada. 30 años (autor); y 3 años suspendidos (coautora)
S/ 5,000 reparación civil solidaria
(4) Expediente N° 0919-2011
Delito: Autoaborto
Órgano jurisdiccional: Juzgado Penal Unipersonal – Paita
02/10/2012
Reserva del fallo condenatorio tras conclusión anticipada. Periodo de prueba: 1 año
S/ 250 reparación civil
(5) Expediente N° 04495-2015
Delito: Autoaborto
Órgano jurisdiccional: 1° Juzgado de Investigación Preparatoria – Catacaos
21/04/2016
Reserva del fallo condenatorio mediante terminación anticipada. Periodo prueba: 1 año
S/ 400 reparación civil
(6) Expediente N° 06438-2016
Delito: Violación sexual de menor (tentativa)
Órgano jurisdiccional: Segunda Sala Penal de Apelaciones de Piura.
11/07/2018
Confirmación de condena con reforma de la pena: 22 años de PPL
La Tabla 1 permite sistematizar los casos analizados. Del examen de las resoluciones judiciales se observa que la Corte Superior de Justicia de Piura mantiene una orientación predominantemente restrictiva en los procesos por violación sexual de menores, reflejada en la imposición de sanciones especialmente severas dirigidas a reforzar la tutela de la indemnidad sexual. Esta línea decisional se sustenta en la inexistencia de capacidad jurídica de consentimiento en menores de edad, lo que habilita una respuesta penal de alta intensidad, incluso en supuestos de tentativa o concurrencia delictiva.
En contraste, los expedientes vinculados a autoaborto y las resoluciones con conclusión anticipada muestran un mayor margen de flexibilidad en el uso de mecanismos procesales. Ello evidencia criterios diferenciados según la naturaleza del ilícito y el bien jurídico comprometido, configurándose una tensión entre respuestas punitivas estrictas y decisiones de carácter más flexible.
Este escenario debe analizarse a la luz del marco normativo vigente, en el cual el ordenamiento jurídico peruano regula únicamente el aborto terapéutico conforme a la Ley N.° 30838, lo que limita el debate judicial en materia de derechos reproductivos en casos de embarazo producto de violación. En este contexto, la doctrina contemporánea ha desarrollado aproximaciones interpretativas basadas en la dignidad, la libertad y la igualdad (Bayona Aristizábal & Jurado Díaz, 2023), mientras que se ha señalado que la criminalización del aborto puede profundizar situaciones de revictimización en contextos de violencia (Bonilla García, 2023).
Asimismo, los casos de embarazo en niñas producto de violación evidencian una problemática estructural compleja, frente a la cual la respuesta estatal resulta aún insuficiente en su alcance (Del-Carpio-Delgado, 2024). En el ámbito procesal penal, la flexibilización en la aplicación de la conclusión anticipada, pese a su prohibición en delitos de violación sexual, refleja un debate persistente sobre los límites de las garantías procesales.
En términos generales, la jurisprudencia de Piura evidencia una tendencia de protección reforzada de la indemnidad sexual del menor. No obstante, los supuestos de embarazo por violación continúan condicionados por el marco normativo vigente, lo que evidencia la persistencia de una tensión entre política criminal, práctica jurisdiccional y la garantía de derechos fundamentales.
Tabla 2. Análisis de la jurisprudencia nacional relativa a casos de violación sexual de menores que derivan en embarazo:
(1) Caso Pachacamac
Delito: Violación sexual de menor de 13 años con embarazo y parto.
Juzgado: Pachacamac
Sentencia: marzo de 2019
Hechos: menor de 13 años víctima de violación sexual en tres ocasiones. El caso evidencia la relevancia del aborto terapéutico como medida legal en situaciones donde el embarazo pone en riesgo la salud de la gestante, conforme a la normativa del MINSA.
(2) Caso Villa El Salvador
Delito: Violación sexual de menor de 13 años con embarazo y parto.
Juzgado: Villa El Salvador
Sentencia: marzo de 2019
Hechos: niña de 13 años embarazada producto de violación sexual cometida por un agresor de 23 años, mediando amenazas contra su entorno familiar.
(3) Caso Tacna
Delito: Violación sexual de menor de 9 años con embarazo y parto.
Sentencia: febrero de 2018
Hechos: menor de nueve años embarazada tras agresión sexual ejercida por su progenitor, lo que evidencia una grave vulneración de derechos fundamentales y reabre el debate sobre el acceso a la interrupción del embarazo en contextos de violencia extrema.
(4) Caso Barranca
Delito: Violación sexual de menor de 13 años (embarazo de cinco meses).
Juzgado: Barranca
Sentencia: octubre de 2019
Hechos: menor embarazada como consecuencia de abuso sexual. La denuncia se presentó meses después de ocurrido el hecho, evidenciando dificultades en la activación oportuna del sistema de justicia.
Del análisis de la jurisprudencia nacional se advierte que la violencia sexual contra niñas y adolescentes constituye una de las formas más graves de vulneración de derechos fundamentales, debido a sus consecuencias físicas, psicológicas y sociales. En este contexto, el derecho a la integridad adquiere especial relevancia, en tanto la condición de vulnerabilidad de las víctimas intensifica el impacto del delito. Por ello, resulta indispensable que los operadores jurídicos adopten medidas orientadas a evitar procesos de revictimización durante la investigación y el juzgamiento (Campoverde Flores, 2023).
Asimismo, las estadísticas de los Centros de Emergencia Mujer (CEM) evidencian que los agresores suelen pertenecer al entorno cercano de la víctima (familiares o personas de confianza), lo que agrava el daño psicológico y contribuye a la persistencia de dinámicas de silencio.
En los casos analizados, el embarazo forzado se presenta como una de las consecuencias más graves de la violencia sexual, con especial impacto en niñas y adolescentes, comprometiendo de manera significativa su salud física y mental.
Si bien el marco normativo peruano (Código Penal, Código de los Niños y Adolescentes, Ley N.° 30364 y Ley N.° 30466) establece mecanismos de protección, su aplicación en la práctica presenta limitaciones, especialmente en lo referido a decisiones vinculadas a la salud sexual y reproductiva de las víctimas.
Finalmente, la criminalización del aborto y del autoaborto evidencia que mujeres en contextos de violencia o vulnerabilidad pueden verse expuestas a recurrir a procedimientos inseguros, lo que incrementa los riesgos para su vida y salud.
Tabla 3. Análisis de los precedentes judiciales internacionales en casos de niñas y adolescentes embarazadas tras ser víctimas de abuso sexual.
(1) Reino Unido
Delito: Violación sexual de menor de 12 años – embarazo – parto
Sentencia: noviembre 2019
Hecho: Una menor de 12 años, cuyo embarazo ya había superado las 22 semanas, fue obligada a continuar la gestación hasta el parto del hijo de su agresor. El hecho permaneció oculto debido al temor hacia sus padres y fue descubierto de manera accidental durante una atención médica hospitalaria. Posteriormente, la Corte de Hull declaró la responsabilidad penal del agresor, imponiéndole una pena de 12 años de prisión.
(2) Estados Unidos – Carolina del Sur
Delito: Violación sexual de menor de 10 años – embarazo – aborto
Sentencia: abril 2016
Hecho: Una niña de diez años fue víctima de abuso sexual dentro de su entorno familiar mientras se encontraba en su domicilio. Como resultado del ataque, quedó embarazada, situación advertida por su madre semanas después, procediéndose a la interrupción legal del embarazo. Aunque el acusado negó los hechos, los análisis genéticos confirmaron su responsabilidad, siendo condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional.
(3) Argentina – Tucumán
Delito: Violación sexual de menor de 11 años – embarazo avanzado
Sentencia: febrero 2019
Hecho: Una menor de 11 años resultó embarazada tras ser víctima de abuso por parte de la pareja de su madre, quien fue posteriormente detenido. A pesar de haberse solicitado la interrupción legal del embarazo en la semana 16, la demora institucional impidió su ejecución, prolongando la gestación hasta el parto, tras el cual la recién nacida falleció días después. El responsable fue condenado a prisión perpetua, considerándose agravantes la edad de la víctima, el vínculo de confianza y la gravedad del resultado.
(4) Argentina – San Juan
Delito: Violación sexual de menor de 11 años – embarazo de 19 semanas
Sentencia: abril 2019
Hecho: Una menor de 11 años fue internada tras presentar un desmayo, detectándose que cursaba un embarazo producto de una violación cometida por su padrastro. La víctima relató los hechos y se evaluó la interrupción del embarazo, el cual ya alcanzaba las 19 semanas. El caso generó amplio debate por las dificultades de acceso a un aborto legal. El agresor fue condenado a 18 años de prisión por abuso sexual agravado.
(5) Bolivia – La Paz
Delito: Violación sexual de menor de 12 años – embarazo – aborto
Sentencia: octubre 2019
Hecho: Una menor de 12 años fue víctima de violación reiterada por una persona vinculada al entorno laboral del padre, lo que derivó en un embarazo. Ante ello, se realizó la interrupción del embarazo conforme a los protocolos previstos en la normativa vigente. El agresor recibió la pena máxima de 30 años de prisión sin derecho a indulto.
(6) Italia
Delito: Violación sexual de menor de 11 años – embarazo – parto
Sentencia: diciembre 2018
Hecho: Una menor migrante en situación de vulnerabilidad fue víctima de violación sexual. Aunque el aborto es legal en Italia desde hace décadas, en la práctica existen barreras administrativas y sociales que dificultan su acceso oportuno. En consecuencia, el embarazo llegó a término y la menor dio a luz. El agresor fue condenado a 6 años y 8 meses de prisión.
(7) Bolivia – Santa Cruz
Delito: Violación sexual de menor de 14 años – embarazo avanzado.
Sentencia: junio 2019
Hecho: Una adolescente de 14 años fue víctima de violación sexual y alcanzó un embarazo avanzado. La atención médica fue retrasada debido a la objeción de conciencia del personal de salud, lo que incrementó el riesgo para su vida e integridad. Finalmente, el embarazo continuó hasta el nacimiento. El agresor recibió la pena máxima de 30 años de prisión.
La Tabla 3 agrupa precedentes judiciales internacionales relacionados con niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual que derivaron en embarazo, situación que permite identificar un nivel elevado de riesgo para su vida e integridad personal.
Desde la perspectiva del derecho internacional penal, la violencia sexual puede trascender el ámbito individual cuando se utiliza como mecanismo de persecución contra determinados grupos humanos. Bajo este supuesto, cuando concurren elementos de sistematicidad, gravedad y vinculación con criterios de identidad colectiva, dicha conducta puede ser subsumida como crimen de lesa humanidad (Seelinger & Wood, 2021).
En el plano doctrinal, se ha reconocido que este tipo de hechos genera consecuencias psicológicas de alta intensidad y larga duración, incluyendo trastornos de ansiedad, afectaciones emocionales persistentes, sentimientos de culpa, miedo y vergüenza, además de alteraciones en el sueño, la alimentación y el estado de ánimo. En los escenarios más graves, pueden manifestarse conductas autolesivas e ideación suicida, lo que da cuenta del impacto psíquico profundo de estas agresiones (Abadías Selma, 2024).
Desde el análisis jurisprudencial, se evidencia una respuesta diferenciada en función del nivel de afectación del bien jurídico y la gravedad del hecho. En este sentido, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha reconocido que la violencia sexual constituye una forma de violencia extrema, con efectos físicos y psicológicos severos, que incluso pueden alcanzar una intensidad equiparable a la tortura (Godoy Olivares, 2025).
En relación con los delitos vinculados al autoaborto, la respuesta jurídica ha incorporado criterios de proporcionalidad, humanidad de la pena y valoración de las circunstancias concretas, en línea con posturas doctrinales que cuestionan la eficacia del derecho penal frente a conflictos de naturaleza reproductiva (Bergallo & Jaramillo, 2023).
Respecto de la experiencia comparada en Argentina, Estados Unidos, Inglaterra, Italia y Bolivia, se advierte que el aborto fue permitido en la mayoría de los supuestos, incluso cuando existían gestaciones avanzadas. Sin embargo, se registran obstáculos relevantes asociados principalmente a la objeción de conciencia y a demoras institucionales en la atención médica, lo cual en ciertos casos tuvo impacto en la salud física y mental de las menores, llegando a situaciones de ideación o intento de suicidio.
De forma general, el aborto constituye un fenómeno presente en distintos ordenamientos jurídicos, sin relación directa con el nivel de desarrollo del Estado o el modelo normativo adoptado. No obstante, la existencia de restricciones legales y limitaciones en el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva puede incentivar la práctica de procedimientos inseguros, con consecuencias directas sobre la integridad y la vida de las mujeres (Maciel et al., 2025).
Desde una aproximación conceptual, la violencia sexual debe ser comprendida como una expresión de dominación y control, y no como un hecho aislado o individual, lo que permite explicar la profundidad de sus efectos físicos, psicológicos y sociales.
Finalmente, si bien el ordenamiento constitucional peruano no reconoce de manera expresa los derechos sexuales y reproductivos, sí protege derechos conexos como la dignidad, el libre desarrollo de la personalidad, la integridad física y mental, la intimidad y la libertad de conciencia. No obstante, la criminalización del aborto en supuestos de violación sexual puede limitar la libertad reproductiva de la víctima, su capacidad de decisión sobre la maternidad y su derecho a vivir libre de violencia.
CONCLUSIONES
El análisis de la jurisprudencia permite identificar una línea interpretativa consistente en la que la violencia sexual es calificada como una conducta de extrema gravedad, lo que ha justificado la imposición de sanciones penales severas. Sin embargo, este desarrollo del enfoque represivo no se traduce necesariamente en un nivel equivalente de protección integral de las víctimas, evidenciándose limitaciones en la implementación de mecanismos efectivos orientados a la garantía plena de sus derechos fundamentales.
Desde una perspectiva de política criminal contemporánea, la intervención del sistema penal no puede ser entendida como un mecanismo aislado ni exclusivamente sancionador, sino como parte de un esquema articulado con instituciones de carácter interdisciplinario. Ello resulta necesario para asegurar una protección efectiva de la víctima y evitar la revictimización en los ámbitos judicial y administrativo.
En este contexto, el análisis de la regulación del aborto en supuestos de violencia sexual prevista en el artículo 120.1 del Código Penal evidencia una tensión entre bienes constitucionales de relevancia. Su eventual despenalización se vincula con la protección de derechos fundamentales como la dignidad humana, la integridad física y psíquica, la autonomía reproductiva, el libre desarrollo de la personalidad y la libertad de decisión en materia de maternidad. Asimismo, se relaciona con la implementación de políticas públicas orientadas a garantizar el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva en condiciones de seguridad jurídica, oportunidad y gratuidad.
La permanencia de la penalización en estos supuestos configura un conflicto de relevancia constitucional, en la medida en que impone la continuidad de una gestación originada en un hecho de violencia sexual, lo cual puede intensificar la afectación psicológica de la víctima y obstaculizar su proceso de reparación integral. En contraposición, la interrupción del embarazo se asocia a la protección de la autonomía personal y a la disminución del daño derivado del evento traumático.
Desde el ámbito del derecho internacional de los derechos humanos, dicha restricción puede ser analizada a la luz de estándares que prohíben tratos crueles, inhumanos o degradantes, especialmente cuando la imposición de la gestación genera afectaciones prolongadas en la salud mental y la integridad emocional de la víctima.
En el plano interno, el análisis del fenómeno evidencia que la persistencia de la violencia sexual refleja limitaciones estructurales del modelo penal preventivo-represivo, lo que hace necesaria la formulación de políticas públicas integrales, intersectoriales y de carácter preventivo, orientadas a la atención de las víctimas y a la reparación del daño.
En el derecho comparado se identifica una tendencia normativa en diversos sistemas jurídicos de Europa, Norteamérica y América Latina, entre ellos Argentina y Bolivia, orientada a la flexibilización o eliminación de sanciones penales en casos de embarazo producto de violación. Dichas experiencias evidencian una reconfiguración del enfoque jurídico hacia la centralidad de la víctima y la ponderación reforzada de sus derechos fundamentales.
Finalmente, aunque el orden constitucional peruano reconoce la protección de la vida desde la concepción, el tratamiento jurídico del aborto en supuestos de violación configura un conflicto constitucional entre la tutela del concebido y los derechos fundamentales de la mujer víctima. Su resolución exige una interpretación sistemática del bloque de constitucionalidad, orientada por los principios de dignidad humana, autonomía personal y libre desarrollo de la personalidad, con especial relevancia en contextos de violencia sexual.
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