Identificación de factores de riesgo y eficacia de la prevención en delitos patrimoniales en el Perú

Valeria Sofía Chirinos Rivas

ORCID

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CC BY 4.0

Identificación de factores de riesgo y eficacia de la prevención en delitos patrimoniales en el Perú

Identification of risk factors and effectiveness of prevention in property crimes in Peru

Valeria Sofía Chirinos Rivas1,*

1 Asistente Administrativo del Sistema Fiscal de la Presidencia de la Junta de Fiscales Superiores del Santa, Av. Pardo N° 835, Chimbote, Santa, Áncash.

*Autor correspondiente: vschirinosri@unitru.edu.pe (V. Chirinos).

Fecha de recepción: 01 07 2026. Fecha de aceptación: 15 09 2026

RESUMEN

El estudio tuvo como objetivo determinar de qué manera la correcta identificación de factores de riesgo contribuye a la eficacia de la prevención de delitos patrimoniales desarrollada por las fiscalías especializadas en prevención del delito. Se realizó una investigación cualitativa, aplicada, descriptivo-interpretativa, no experimental, transeccional y retrospectiva. Mediante muestreo intencional por conveniencia se seleccionaron seis fiscales y exfiscales del Distrito Fiscal del Santa y seis carpetas fiscales preventivas de 2023 y 2024. La información se obtuvo con una guía de entrevista semiestructurada validada por expertos y una ficha de análisis documental; luego se organizó mediante codificación temática y triangulación de fuentes. Los hallazgos muestran que el riesgo constituye el presupuesto que delimita la intervención fiscal, aunque su identificación puede completarse durante las actuaciones iniciales; que la información policial, la verificación in situ y la participación comunitaria permiten focalizar territorialmente las diligencias; y que la articulación interinstitucional y el seguimiento son condiciones de eficacia preventiva. Se concluye que la eficacia observada se expresa en la pertinencia de la intervención y en la mitigación verificable del riesgo, sin que el diseño permita atribuir una reducción estadística de la incidencia delictiva.

Palabras clave: factores de riesgo, prevención del delito, delitos patrimoniales, actuación fiscal, gestión del riesgo.

ABSTRACT

The study aimed to determine how the proper identification of risk factors contributes to the effectiveness of property-crime prevention by the Specialized Prosecutor's Offices for Crime Prevention. A qualitative, applied, descriptive-interpretive, non-experimental, cross-sectional, and retrospective study was conducted. Through purposive convenience sampling, six prosecutors and former prosecutors from the Santa Judicial District and six preventive prosecution case files from 2023 and 2024 were selected. Data were collected using an expert-validated semi-structured interview guide and a document-analysis form, and were organized through thematic coding and source triangulation. The findings show that risk is the prerequisite that delimits prosecutorial intervention, although its identification may be completed during initial proceedings; that police information, on-site verification, and community participation enable territorial targeting; and that interinstitutional coordination and follow-up are conditions for preventive effectiveness. It is concluded that the observed effectiveness is reflected in the relevance of the intervention and the verifiable mitigation of risk; however, the design does not allow a statistical reduction in crime incidence to be attributed to the interventions.

Keywords: risk factors, crime prevention, property crime, prosecutorial action, risk management.

INTRODUCCIÓN

La criminalidad patrimonial constituye una manifestación persistente de la inseguridad ciudadana en el Perú, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística e Informática, durante 2024 el robo o intento de robo de dinero, cartera o teléfono celular se mantuvo entre los principales hechos delictivos contra la propiedad en el área urbana, alcanzando una tasa aproximada de 16 víctimas por cada 100 habitantes de 15 y más años de edad (Instituto Nacional de Estadística e Informática [INEI], 2025). Este escenario evidencia la necesidad de que la intervención estatal no se limite a reaccionar frente al hecho consumado, sino que incorpore información territorial y situacional que permita identificar las condiciones que favorecen la ocurrencia de delitos patrimoniales y orientar adecuadamente las acciones preventivas.

La investigación respalda esta orientación: el análisis espacial permite localizar concentraciones delictivas y reconocer patrones territoriales, pero la focalización debe considerar la modalidad del delito, el contexto urbano y la calidad de los registros disponibles (Flores-Gutiérrez, 2021; Galeana-Cruz & Monkkonen, 2024).

El problema investigado radica en que la ejecución de operativos u otras diligencias sin un diagnóstico suficiente puede desvincular los recursos institucionales de los lugares, circunstancias y modalidades que presentan un riesgo verificable. Por ello, se buscó determinar de qué manera la correcta identificación de factores de riesgo contribuye a la eficacia de la prevención de delitos patrimoniales. El estudio se justifica práctica e institucionalmente porque permite examinar si la selección de escenarios, el diseño de las actuaciones y su seguimiento guardan relación con el riesgo identificado; socialmente, porque una intervención focalizada puede proteger con mayor pertinencia a la población expuesta; y jurídicamente, porque la anticipación estatal debe mantenerse dentro de criterios de legalidad, objetividad, necesidad y competencia funcional.

Como antecedentes científicos, Flores-Gutiérrez (2021) identificó patrones espaciotemporales del delito callejero y destacó la utilidad de localizar zonas críticas para administrar recursos preventivos. Arias y Luneke (2022), mediante un estudio cualitativo, mostraron que la prevención situacional aplicada sin suficiente consideración del contexto puede generar aislamiento, debilitamiento de vínculos y nuevas condiciones de inseguridad. Galeana-Cruz y Monkkonen (2024) encontraron que los componentes físico-ambientales y las dinámicas sociales y económicas producen patrones socioespaciales diferenciados, por lo que propusieron articular prevención situacional, diseño ambiental y planeamiento urbano. En el ámbito comunitario, Mendoza (2021) resaltó la contribución de las juntas vecinales al fortalecimiento de la seguridad ciudadana, mientras que Luneke (2021) advirtió que la participación barrial debe analizarse atendiendo a sus prácticas concretas, sus vínculos con el Estado y sus posibles efectos de segregación. En conjunto, estos antecedentes sostienen la conveniencia de integrar información empírica, análisis contextual, focalización territorial, participación comunitaria y evaluación posterior.

La base teórica se sustenta en la prevención situacional y en el enfoque de actividades rutinarias, desarrollados por Cid y Larrauri (2023). La primera busca disminuir oportunidades delictivas mediante cambios específicos en el entorno; el segundo explica el hecho delictivo por la convergencia entre un posible infractor, un objetivo adecuado y la ausencia de vigilancia eficaz; ambos enfoques permiten comprender los factores de riesgo como condiciones dinámicas y verificables que deben ser diagnosticadas antes o durante la intervención. En el plano normativo, el análisis se desarrolla conforme a la Resolución N° 910-2026-MP-FN, que aprobó la directiva técnica de las fiscalías especializadas en prevención del delito, la cual orienta la función fiscal hacia acciones estratégicas, diligencias in situ oportunas, garantía de legalidad y respuesta frente a riesgos de probable comisión del delito (Ministerio Público Fiscalía de la Nación, 2026). En este marco, el objetivo fue determinar de qué manera la correcta identificación de factores de riesgo contribuye a la eficacia de la prevención de delitos patrimoniales desarrollada por las fiscalías especializadas.

METODOLOGÍA

El estudio tuvo un enfoque cualitativo porque buscó comprender los criterios y experiencias mediante los cuales los fiscales identifican, valoran y abordan el riesgo delictivo. Fue de tipo aplicado, al orientarse a mejorar la actuación fiscal; de alcance descriptivo-interpretativo, porque caracterizó las prácticas y explicó su significado funcional; y, de diseño no experimental, transeccional y retrospectivo, debido a que no manipuló variables y examinó entrevistas y actuaciones documentadas en un periodo delimitado. El abordaje correspondió a un estudio de caso instrumental centrado en las fiscalías especializadas en prevención del delito del distrito fiscal del santa, lo que permitió analizar intensivamente el fenómeno dentro de su contexto institucional (Salgado, 2007).

La población estuvo integrada por fiscales y exfiscales con experiencia en el subsistema preventivo del Distrito Fiscal del Santa y por carpetas fiscales vinculadas con la prevención de delitos patrimoniales. Se empleó muestreo no probabilístico, intencional por conveniencia, debido al conocimiento especializado y al acceso autorizado a las unidades de análisis; la muestra quedó conformada por seis participantes y seis carpetas fiscales: N° 58-2023, 117-2023, 235-2023, 214-2023, 98-2023 y 41-2024. Se incluyeron participantes que habían ejercido función preventiva y expedientes concluidos que permitían reconstruir la identificación, el abordaje y el seguimiento del riesgo; la selección no buscó representatividad estadística, sino diversidad y suficiencia informativa para el caso estudiado.

Se aplicaron la entrevista semiestructurada y el análisis documental, la primera utilizó una guía de nueve preguntas dirigida a conocer los delitos que originan con mayor frecuencia actuaciones preventivas, el carácter habilitante de los factores de riesgo, las fuentes empleadas para identificarlos y las acciones consideradas más favorables; la guía fue evaluada por dos expertos. Para las carpetas se empleó una ficha de análisis documental que registró la problemática, las fuentes de información, los factores identificados, las diligencias ejecutadas, la coordinación interinstitucional, el seguimiento y el modo de conclusión. Esta combinación permitió contrastar el discurso profesional con actuaciones fiscales documentadas.

El procesamiento siguió una secuencia interpretativa, primero se efectuó la lectura integral y la reducción de la información; después se codificaron unidades de significado y se agruparon en tres categorías: riesgo como presupuesto y diagnóstico progresivo; fuentes de información y focalización territorial; y articulación, acción y seguimiento preventivo. Finalmente, se trianguló la recurrencia y las discrepancias de las entrevistas con la evidencia de las seis carpetas y con la literatura científica. La consistencia se reforzó mediante contraste de fuentes, descripción del procedimiento y conservación de una ruta documental de análisis.

En los aspectos éticos, se contó con autorización institucional para acceder a las carpetas y realizar las entrevistas, además de las autorizaciones personales. Para el artículo, las respuestas se presentan mediante códigos de participante y los expedientes solo mediante numeración, evitando divulgar información personal ajena a la finalidad científica. El análisis respetó la integridad de los testimonios, la confidencialidad, el uso académico de la información y la transparencia de sus límites.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

El primer resultado mostró que el riesgo funciona como presupuesto de la intervención, pero su identificación no siempre se agota antes de la apertura del procedimiento preventivo, cinco de los seis participantes sostuvieron que no corresponde desarrollar un procedimiento sin factores que revelen la probabilidad de afectación del bien jurídico; el participante restante explicó que, frente a hechos públicos o requerimientos policiales, el riesgo puede precisarse durante las primeras diligencias, la interpretación conjunta permite distinguir entre la existencia objetiva del riesgo y el momento en que este alcanza suficiente concreción documental. El análisis de las carpetas confirmó ambas rutas: algunas partieron de reportes previos y otras completaron el diagnóstico mediante verificaciones. Este hallazgo concuerda con Galeana-Cruz y Monkkonen (2024), quienes sostienen que la seguridad objetiva requiere examinar registros territoriales junto con las particularidades físicas y sociales del lugar, de modo que el diagnóstico sea contextual y no una etiqueta estática.

La principal implicancia teórica es que la identificación constituye un proceso de construcción probatoria y no una simple afirmación inicial. En términos legales, la Directiva aprobada por la Resolución N° 910-2026-MP-FN exige que la actuación se vincule con riesgos de probable comisión del delito y se desarrolle con garantía de legalidad; por tanto, una solicitud que no contenga elementos suficientes requiere verificación dentro de los cauces permitidos o una decisión motivada que descarte la intervención, ello evita dos extremos: iniciar procedimientos sustentados únicamente en percepciones generales o exigir que toda la información esté agotada antes de cualquier constatación legítima.

El segundo resultado evidenció que la identificación se apoya en tres fuentes convergentes: información policial y estadística, verificación in situ y conocimiento comunitario, en las carpetas analizadas, los informes de las comisarías permitieron localizar sectores y horarios de incidencia; las diligencias de campo revelaron condiciones situacionales, administrativas y urbanas; y las juntas vecinales u otros actores aportaron conocimiento sobre dinámicas no siempre visibles en los registros. La interpretación es que ninguna fuente resulta suficiente por sí sola, los registros oficiales pueden omitir hechos no denunciados, mientras que la percepción ciudadana necesita corroboración. Flores-Gutiérrez (2021) confirma la utilidad del análisis espacial para identificar zonas críticas, y Mendoza Flores (2021) muestra que la organización vecinal puede aportar información y cooperación relevantes para la seguridad ciudadana.

El análisis comparado de las seis carpetas mostró que la focalización fue más consistente cuando el fiscal recabó información antes del operativo, contrastó el reporte con el lugar e identificó qué institución tenía competencia para modificar la condición de riesgo, esta secuencia se relaciona con Galeana-Cruz y Monkkonen (2024), quienes encontraron que la manifestación heterogénea de los componentes físico-ambientales y las dinámicas sociales y económicas configura patrones diferenciados de delito callejero. Su implicancia práctica consiste en incorporar una matriz que registre fuente, vigencia, localización, modalidad delictiva, condición de riesgo, entidad competente, medida propuesta e indicador de seguimiento.

El tercer resultado identificó la articulación interinstitucional como mecanismo de transformación del diagnóstico en actuación, los seis participantes consideraron que los operativos conjuntos, patrullajes focalizados o intervenciones coordinadas con la Policía Nacional y los gobiernos locales son las acciones más favorables para abordar riesgos patrimoniales; las carpetas mostraron, además, que la utilidad no provenía de la concurrencia simbólica de varias entidades, sino de la distribución de tareas conforme a sus competencias, la emisión de exhortaciones o recomendaciones y la comprobación posterior de su cumplimiento. La interpretación es que la acción conjunta solo adquiere eficacia preventiva cuando responde a un riesgo previamente delimitado y produce una modificación verificable.

La comparación con la literatura obliga a matizar la idea de que una mayor presencia institucional genera automáticamente disuasión; Luneke (2021) muestra que las prácticas vecinales de protección se encuentran mediadas por la actuación estatal y pueden producir efectos ambivalentes; Arias y Luneke (2022) advierten, además, que determinadas respuestas situacionales pueden generar aislamiento y debilitar vínculos sociales cuando se aplican sin suficiente consideración del contexto. Estos antecedentes son coherentes con las carpetas revisadas: el operativo aislado no constituye el resultado, sino un medio cuya pertinencia depende del diagnóstico, la coordinación y el seguimiento.

En el plano teórico, los hallazgos respaldan un modelo de prevención situacional complementado por participación comunitaria y gestión institucional del riesgo; Mendoza (2021) destaca el aporte de las juntas vecinales al fortalecimiento de la seguridad ciudadana, mientras que Luneke (2021) señala que la participación debe examinarse a partir de sus prácticas reales y de su relación con el Estado. Jurídicamente, la consecuencia es que el Ministerio Público debe liderar y documentar la estrategia sin sustituir las competencias policiales, municipales o sectoriales, la legalidad de la actuación preventiva depende tanto de la existencia del riesgo como de la idoneidad y proporcionalidad de las diligencias adoptadas.

El cuarto resultado, derivado de la triangulación global, fue que la eficacia no puede equipararse al número de operativos ni inferirse directamente de una variación general de denuncias; en las carpetas, la eficacia observable se expresó en la atención del riesgo identificado, el cumplimiento de medidas por las entidades competentes y la verificación posterior de cambios como la mejora de iluminación, el fortalecimiento del patrullaje, la formalización de actividades o la organización comunitaria. Esta interpretación evita atribuir causalidad sobre la incidencia delictiva sin series temporales, grupos de comparación o indicadores previos y posteriores.

La implicancia metodológica es que las futuras evaluaciones deberían combinar la evidencia cualitativa con indicadores de resultado definidos desde el plan de acción. López y Martínez (2024) sostienen que la videovigilancia y otras medidas de prevención situacional requieren evaluaciones rigurosas que consideren su eficacia real, la percepción de seguridad y los riesgos vinculados con su utilización; asimismo, Luneke y Trebilcock (2023) muestran que los efectos de las políticas preventivas son difíciles de establecer cuando existe baja adaptación al contexto o déficit de evaluación. En consecuencia, la directiva vigente puede operativizarse mediante diagnósticos trazables, metas específicas e informes de seguimiento que distingan productos, cambios en el riesgo y resultados delictivos.

En síntesis, la comparación de entrevistas, carpetas, normativa y estudios científicos sostiene una relación funcional entre diagnóstico y eficacia: identificar correctamente el riesgo permite justificar la competencia, focalizar el territorio, seleccionar a los actores pertinentes y evaluar si la condición fue mitigada; no obstante, los resultados se circunscriben al Distrito Fiscal del Santa y a una muestra intencional de seis participantes y seis carpetas fiscales; por lo que, ofrecen comprensión analítica y criterios transferibles.

CONCLUSIONES

La correcta identificación de los factores de riesgo contribuye a la eficacia preventiva porque delimita la intervención fiscal, orienta la selección del territorio y permite escoger diligencias vinculadas con una amenaza concreta y verificable; el riesgo puede encontrarse suficientemente definido desde el inicio o precisarse mediante actuaciones iniciales, pero en ambos supuestos debe quedar sustentado y actualizado.

La triangulación mostró que el diagnóstico más consistente integra información policial o estadística, verificación in situ y conocimiento comunitario, estas fuentes cumplen funciones complementarias y reducen el peligro de intervenir únicamente sobre percepciones, datos desactualizados o registros incompletos.

La articulación interinstitucional y el seguimiento son condiciones de eficacia, los operativos conjuntos resultan pertinentes cuando distribuyen responsabilidades según las competencias de cada entidad y cuando su resultado se verifica posteriormente; su sola realización no acredita el cumplimiento de la finalidad preventiva.

La eficacia comprobable en este estudio se refiere a la pertinencia de las actuaciones y a la mitigación documentada de factores de riesgo. Debido al enfoque cualitativo y al carácter retrospectivo del diseño, no corresponde afirmar que las intervenciones causaron una reducción estadística de la incidencia de delitos patrimoniales.

La Directiva aprobada por la Resolución N° 910-2026-MP-FN ofrece un marco actualizado para institucionalizar estos hallazgos mediante diagnósticos trazables, acciones estratégicas, diligencias in situ y evaluación de resultados bajo garantía de legalidad. Se recomienda incorporar una matriz uniforme de riesgo y seguimiento, sin convertirla en un mecanismo rígido que sustituya la valoración fiscal del contexto.

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