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Insolvencia de la persona jurídica y afectación del derecho fundamental a la remuneración
Insolvency of legal entities and impact on the
Fundamental right to remuneration
Humberto Morales1
1 Escuela de Posgrado, Universidad Nacional de Trujillo. Av. Juan Pablo II s/n – Ciudad Universitaria, Trujillo, Perú.
*Autor correspondiente: hamoraless@unitru.edu.pe (H. Morales).
Fecha de recepción: 25 11 2025. Fecha de aceptación: 11 08 2026

RESUMEN
La presente investigación tuvo por propósito determinar si la declaración de insolvencia de la persona jurídica afecta el derecho fundamental a la remuneración. La metodología empleada consistió principalmente en analizar los criterios tomados en cuenta para la regulación de la suspensión de la exigibilidad de las obligaciones del deudor y el marco de protección legal del patrimonio concursado en la Ley Nª 27809, Ley General del Sistema Concursal. Se concluye que la declaración de insolvencia de la persona jurídica afecta el derecho fundamental a la remuneración al impedir el acceso prioritario y oportuno de los beneficios laborales en etapa de ejecución de sentencia.
Palabras clave: declaración de insolvencia; derecho a la remuneración; afectación de derechos.
ABSTRACT
The purpose of this research was to determine whether the declaration of insolvency of a legal entity affects the fundamental right to remuneration. The methodology used consisted mainly of analyzing the criteria taken into account for regulating the suspension of the enforceability of the debtor's obligations and the legal framework for protecting the assets of the insolvent entity under Law No. 27809, the General Law on Insolvency. It is concluded that the declaration of insolvency of a legal entity affects the fundamental right to remuneration by preventing priority and timely access to employment benefits during the enforcement of the judgment.
Keywords: declaration of insolvency; right to remuneration; infringement of rights.

INTRODUCCIÓN
En el Perú, el derecho a la remuneración y a los beneficios sociales cuenta con un respaldo y protección constitucional y está reconocido como derecho humano por la Convención Americana sobre Derechos Humanos [CADH] (1969). Su eficacia radica en los mecanismos normativos y procesales para su cumplimiento, el cual debe manifestarse de forma inmediata, oportuna y prioritaria, durante o al cese del vínculo laboral. Tal es así que, siendo su eje central la dignidad del trabajador, la vida y el carácter alimentario que persigue, se supone constitucionalmente que frente a este no se opondría ningún otro derecho y que, por tanto, no podría existir norma infra legal que se oponga a su reconocimiento y efectivización.
Sin embargo, desde la emisión de la Ley Nº 27809, Ley General del Sistema Concursal (en adelante LGSC) y su modificatoria, Decreto Legislativo N° 1189, se ha gestado un mecanismo de protección del patrimonio de la persona jurídica deudora, como lo es la inexigibilidad de las obligaciones pendientes, una vez iniciado el procedimiento concursal ordinario, incluso con anterioridad a este, para su respectiva declaratoria de insolvencia.
De esta manera se prohíbe a cualquier autoridad administrativa o judicial, efectuar acto tendiente al cobro o afectación del patrimonio concursado, en detrimento de los intereses de sus acreedores, con sentencia firme y ejecutoriada, especialmente de los trabajadores de la propia persona jurídica, quienes legalmente se ven imposibilitados de cobrar sus acreencias.
Tal como se advierte de la realidad fáctica, en los procesos laborales ordinarios sobre pago de beneficios sociales tramitados en la Corte Superior de Justicia de La Libertad (CSJLL), a los que se tuvo acceso como parte del derecho a la información pública, y en los que la judicatura quedó imposibilitada de llevar adelante la ejecución de la sentencia y ejercer la acción penal correspondiente por desconocimiento del mandato judicial laboral.
Para esta realidad problemática se emplearon: 1) la teoría institucional de los derechos fundamentales y 2) la teoría de la ponderación.
La primera de ellas acoge el doble carácter que tienen estos derechos. Por un lado, son derechos subjetivos de los individuos que garantizan un estatus jurídico o su libertad existencial, y al mismo tiempo, son elementos esenciales del ordenamiento jurídico que aseguran la convivencia humana justa y pacífica. Su postura descansa en que todo derecho o beneficio debe ser respaldado por un estado, como lo es el estado social y democrático de derecho, y se materializa en el principio del respeto a la percepción de la remuneración como sustento básico y con carácter esencialmente alimentario.
La segunda teoría resuelve la confrontación de dos principios fundamentales, esto es, el derecho a la remuneración y sus diversas modalidades de percepción: bonificaciones, incentivos, beneficios laborales, utilidades y todo aquello que tenga contenido remunerativo y respaldado por la legislación nacional, versus el derecho procedimental o adjetivo de acceder, peticionar y recurrir ante la administración pública, para dar por fenecida una persona jurídica, respetando la ley como mecanismo procedimental y el debido procedimiento, debiendo a través de un proceso constitucional arraigar y establecer cuál de ellos debe prevalecer o tener mayor peso atendiendo a los preceptos constitucionales, la realidad y el caso en concreto.
Entre los antecedentes, no se encontraron investigaciones de posgrado ni artículos científicos de origen local que estén directamente relacionados con el tema de estudio. No obstante, sí se encontraron algunos de índole internacional y nacional que de alguna manera se relacionan o tienen otra perspectiva.
A nivel internacional, Rivera (2017), en su estudio sobre derechos laborales ante la insolvencia del empleador y el análisis a la modificación de la Ley N° 20720, concluyó que, mientras se encontraba vigente la Ley N° 18175, que regulaba la quiebra del empleador, los trabajadores se vieron afectados de diversas maneras: desconocimiento de indemnizaciones, obstáculos para el pago de créditos reconocidos, exceso de tiempo para demandar el reconocimiento judicial de los créditos laborales pasibles de verificación en el juicio de quiebra, etc.; pero esencialmente, la falta de una causal de término del contrato laboral por la quiebra del empleador.
A nivel nacional, Carhuatocto (2011) concluye que, se identifican las importantes instituciones jurídicas del derecho laboral empleadas para hacer frente al uso fraudulento de la persona jurídica que actúa en desmedro de sus trabajadores, entre ellos: el principio de primacía de la realidad y la solidaridad laboral; sobre todo en casos donde se aprovecha de las sociedades interpuestas, vinculadas y grupos empresariales para defraudar créditos laborales.
En esa misma línea, Schmerler (2010), sobre la regulación de la inexigibilidad de las obligaciones y la tutela del patrimonio concursado en el Perú, determinó que, generará efectos diversos entre sus acreedores y sobre las diferentes medidas utilizadas por estos para salvaguardar la satisfacción de su obligación, desatando en ellos incertidumbre al ver sus acreencias potencialmente insatisfechas.
Siguiendo la corriente jurídico-filosófica del neoconstitucionalismo, la presente investigación se enfoca en el papel de las constituciones modernas, la tutela de los derechos humanos y el estado de derecho, describiendo la prevalencia del contenido esencial del derecho a la remuneración en tanto principio fundamental y derecho de primer orden.
Teoría que, fundamentalmente, destaca la función de los jueces en una democracia constitucional y la interpretación constitucional, a través de metodologías contemporáneas como la ponderación de derechos, efectuando un análisis exhaustivo de la normatividad que precisamente podría representar afectación, colisión o inaplicabilidad frente a otras, normas, reglas y principios del derecho, que cuentan con supremacía, rango constitucional o preeminencia.
La teoría de la ponderación, formulada por el jurista alemán Robert Alexy, considera que: “cuanto mayor es el grado de la no satisfacción o de la afectación de un principio, tanto mayor tiene que ser la importancia de la satisfacción del otro” (Alexy, 2002, como se citó en De La Parra, 2008).
El presente estudio tiene justificación social, por cuanto contribuye a evitar que las personas jurídicas evadan responsabilidades laborales con sus trabajadores bajo pretexto de una posible declaración de insolvencia protegida por la LGSC. Tiene relevancia práctica y procesal, ya que los resultados permiten proponer la modificación de esta norma a fin de levantar la protección que conlleva la declaración de insolvencia en los procesos laborales en etapa de ejecución, posibilitando la recuperación de los adeudos laborales, sin necesidad de recurrir a los apremios, denuncias o acciones que burocraticen o generen cargas procesales innecesarias, y que colocan a las personas jurídicas y/o empresas nacionales por debajo de estándares internacionales debido al incumplimiento de normas sociolaborales.
Asimismo, el conocimiento adquirido explica teóricamente la causa de afectación al derecho a la remuneración con la declaración de insolvencia de la persona jurídica, estableciendo o reafirmando criterios constitucionales (labores y administrativos) que permitan a los operadores del derecho, discernir y afianzar el carácter alimentario de la remuneración pese a encontrarse insolvente la persona jurídica; y su metodología contribuye a estudios que pretenden el dinamismo de la rama del derecho laboral, pero valorando un área tan esencial y controvertida como es el derecho constitucional.
Se tuvo como objetivo general determinar si existe afectación al derecho a la remuneración con la declaración de insolvencia a la persona jurídica.
METODOLOGÍA
La investigación realizada es de tipo dogmática y enfoque cuantitativo, de tipo aplicada y diseño explicativo. El objeto de estudio fueron los operadores del derecho. La población estuvo constituida por especialistas en derecho concursal y laboral a nivel nacional, en el año 2021 y la muestra, 60 especialistas de Chiclayo, Trujillo y Lima. Se empleó un muestreo no probabilístico, determinado de acuerdo con el apoyo solicitado.
Se revisó material bibliográfico pertinente, y se emplearon como instrumentos: fichas, guías de observación y cuestionario de encuesta. El cuestionario fue elaborado por el investigador con base en las teorías estudiadas, su contenido fue validado mediante juicio de expertos y su confiabilidad, con una prueba piloto aplicada a 30 operadores del derecho seleccionados al azar. Se usó la fórmula Kr-20 en excel, para instrumentos dicotómicos, obteniéndose un coeficiente de confiabilidad de 0.69.
Se recabó información de expedientes de los juzgados laborales de la CSJLL a los que se tuvo acceso y se aplicó el cuestionario a la unidad muestral. Los datos obtenidos fueron sistematizados y tabulados haciendo uso de la técnica estadístico-descriptiva. Luego de analizar el material obtenido, se elaboraron las conclusiones.
Se emplearon los siguientes métodos: a) analítico-sintético, b) deductivo, y c) hermenéutica jurídica. Se aplicaron los métodos de interpretación sistemático, histórico y teleológico. Sistemático, dado que debe existir coherencia normativa entre el ordenamiento laboral y el constitucional, para la validez o existencia de una norma. Histórico, por cuanto el legislador concursal reguló la inexigibilidad de las obligaciones del deudor, como intervención legal para proteger su patrimonio, sin tener en cuenta el derecho a la remuneración. Teleológico, porque la razón de los artículos 17° y 18° de la LGSC se funda en la institución jurídica de intangibilidad del patrimonio del deudor, propia del derecho de obligaciones y concordante con el principio de responsabilidad patrimonial, según el cual, el patrimonio del deudor es considerado como una prenda común de los acreedores.
Técnicas empleadas: análisis documental, observación y encuesta.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Para alcanzar el objetivo general de investigación se analizaron los procesos judiciales laborales a los que se tuvo acceso en la CSJLL y se aplicó el cuestionario de encuesta.
Los procesos judiciales laborales de la CSJLL estuvieron referidos al pago de beneficios laborales contra la demandada TRANSPORTES INDUSTRIALES S.A.C. y recayeron en los siguientes expedientes: Expediente Nº 3154-2009, demandante: José Chero Encarnaque; Expediente Nº 3114-2009, demandante: Santos Euclides Aredo Guzmán; Expediente Nº 3183-2009, demandante: José Jorge Varas Zavaleta, todos ellos tramitados en el Segundo Juzgado Laboral de Trujillo; y el Expediente Nº 2395-2015, demandante: Pedro Navarro Siccha, tramitado en el Tercer Juzgado Laboral de Trujillo.
Dichos procesos, con sentencia judicial firme y requerimiento de pago, se vieron detenidos en su etapa de ejecución, por la existencia del procedimiento concursal ordinario de la citada demandada, materializado en la Resolución Administrativa N°1777-2015/LN-CCO, de fecha 11 de noviembre del 2015, cuya publicación se efectuó el 28 de diciembre del 2015 en el diario oficial El peruano.
A pesar de que contaban con apercibimiento de remisión de copias del expediente al Ministerio Público para que formule la denuncia penal por el delito contra la libertad de trabajo, en la modalidad de incumplimiento de resolución judicial, los citados juzgados suspendieron la ejecución de las sentencias, por aplicación supletoria del código civil, haciendo por consiguiente inexigibles las obligaciones de aquella.
Sumado a ello, los jueces penales también se vieron limitados para decretar los apremios respectivos referidos a los factores y condiciones accesorias a la sentencia o pena, como lo es, la indemnización y la restitución del pago de la acreencia laboral, al existir un procedimiento concursal ordinario, procurando simplemente la sanción penal y atendiendo, en muchos casos, al carácter subjetivo de la responsabilidad penal de las entidades concursadas o de sus representantes, sin proceder a ejecutar o requerir el pago de dichas acreencias a favor del trabajador.
Luego de aplicar la encuesta a 60 especialistas en derecho concursal y laboral de Chiclayo, Trujillo y Lima, a fin de evidenciar sus conocimientos y percepciones respecto a las variables de estudio, se obtuvieron los siguientes resultados:
Tabla 1. Distribución de los operadores jurídicos de Chiclayo, Trujillo y Lima según encuesta de opinión:
| Alternativa | Frecuencia | (%) | ||||
Al iniciarse el procedimiento concursal ordinario las autoridades judiciales se ven impedidas de hacer efectivo cualquier cobro de acreencias laborales pese a ser el proceso judicial primigenio. Al iniciarse el procedimiento concursal ordinario las autoridades judiciales no se ven impedidas de hacer efectivo cualquier cobro de acreencias laborales pese a ser el proceso judicial primigenio. |
60 0 |
100 0 |
||||
El fundamento jurídico para suspender cualquier obligación de la persona jurídica sometida a concurso es la inexigibilidad de las obligaciones en cualquier proceso o procedimiento y la defensa del patrimonio concursado. El fundamento jurídico para suspender cualquier obligación de la persona jurídica sometida a concurso es la suspensión de cobros y el inicio del procedimiento concursal. |
56 4 |
93,3 6,7 |
||||
El contenido esencial del derecho a la remuneración determina que este sea un derecho absoluto, por lo que no cabe su afectación vía legislación concursal. El contenido esencial del derecho a la remuneración determina que este sea un derecho relativo, por lo que cabe su afectación vía legislación concursal. |
60 0 |
100 0 |
||||
La declaración de insolvencia de la persona jurídica en etapa de ejecución de sentencia afecta el contenido esencial del derecho a la remuneración de los trabajadores al no satisfacer o cubrir la acreencia laboral de forma prioritaria y oportuna. La declaración de insolvencia de la persona jurídica en etapa de ejecución de sentencia no afecta el contenido esencial del derecho a la remuneración de los trabajadores. |
60 0 |
100 0 |
||||
Estos resultados son únicos ya que no existen investigaciones con similares variables susceptibles de comparación con el presente estudio, procediéndose a su discusión respectiva con los antecedentes encontrados.
Siguiendo el iter procedimental concursal ordinario, cuando se somete al acreedor laboral a la espera de lo que resuelva el liquidador, ya sea para liquidar o extinguir a la persona jurídica durante un lapso de dos años, aproximadamente, se está vulnerando el carácter de oportunidad y prioridad del adeudo laboral, sobre todo si el trabajador ya contaba con sentencia judicial firme y había trabado las medidas necesarias para recuperar su acreencia en etapa de ejecución, más aún, supeditar su adeudo a un orden de prelación, deviene en innecesario.
Es importante recalcar al respecto que, un adeudo obligacional, tributario, previsional, etc., no tiene la misma connotación o efecto que el adeudo laboral, ya que no cuenta con protección constitucional y su ejecución es de orden civil.
Un supuesto a considerar, en el peor de los casos, es que, mientras se instituye el procedimiento concursal ordinario y se suspende la etapa de ejecución en el proceso judicial laboral, el deudor pudo haber dispuesto de los bienes o ejecutado parte de su patrimonio para evadir el cumplimiento o mandato judicial, el cual, en la etapa de ejecución a través de los medios coercitivos o cautelares, se pudo recuperar en menor tiempo.
En este caso, estando al plazo de sospecha que se le atribuye al deudor, para declarar la ineficacia de cualquier acto jurídico de disposición, efectuado con anterioridad al inicio del procedimiento concursal ordinario, el plazo se extendería, colocando, aún más, al acreedor laboral en la zozobra de seguir un proceso judicial previo o adyacente, para luego esperar el retorno de los bienes o su valor a la masa o patrimonio de la persona jurídica y poder acceder al pago de su acreencia en el orden de prelación establecido por la LGSC.
En la práctica, y en mérito a la observación efectuada a la LGSC, se puede describir que el acreedor también podría recurrir al procedimiento concursal para someter a la persona jurídica al procedimiento concursal a fin de recuperar su acreencia laboral. Sin embargo, el diseño de exigencia para el acreedor es aún mayor y dependerá del monto de la acreencia, eso sin tomar en cuenta los requisitos nada expeditivos que se exige a una persona natural como regularmente es el trabajador.
En lo que respecta a los sistemas de riesgo, producto del estado de insolvencia, Hagan (2000), considera que, es fundamental que al acreedor se le permita iniciar procedimientos de insolvencia contra la entidad deudora, pues de esta manera se ven reducidos los efectos del riesgo crediticio, incrementándose el crédito disponible. Sin embargo, habría que incentivar a los acreedores a maximizar el valor de los activos fijos de la persona jurídica insolvente, logrando su viabilidad y continuidad en el mercado, en vez de decidir la rápida disolución de esta.
Por tanto, someterse el propio acreedor a un procedimiento concursal ordinario, por sí mismo, teniendo sentencia judicial firme y ejecutoriada, tampoco sería una salida viable y rápida, por el contrario, resultaría engorrosa, ya que la vía judicial es más conveniente, al contar con un sinnúmero de actos que permiten que el estado ejerza su poder coercitivo y su ius imperium, a fin de hacer valer un derecho que no puede estar socavado por el propio estado, ni mucho menos ser sometido a un procedimiento, cuya ley especial se contrapone a los alcances de protección constitucional.
Finalmente se debe describir que, incoado el procedimiento concursal ordinario por parte del deudor, increíblemente se estaría obligando al acreedor, que ya cuenta con sentencia firme y ejecutoriada, en etapa de ejecución, a someterse indirectamente al procedimiento concursal, solicitando su incorporación, y, de no hacerlo, no sería tomado en cuenta pese a tener un título (sentencia), deviniendo en un crédito post concursal, lo cual afectaría su derecho a acceder a la remuneración y a los beneficios sociales, ya no siendo un procedimiento optativo, sino indirectamente obligado.
Además de ello, es imprevisible que, al inicio del procedimiento concursal, durante e incluso a su finalización, la persona jurídica insolvente pueda ser liquidada y declararse extinta al no contar con activos, habiendo el acreedor perdido tiempo, dinero e incluso la razón del por qué demandó adeudos laborales. Hechos que en la realidad no son ventilados o estudiados, pero que podrían cambiar siempre que se pueda efectuar ciertas modificaciones en la LGSC.
Señalado esto, cuando en sede jurisdiccional se dispone la inejecución de acreencias por inicio del procedimiento concursal, este resultado cumple la exigencia normativa regulada en los artículos 17° y 18° de la LGSC, concordantes con los principios del derecho concursal: universalidad, colectividad y proporcionalidad.
Flint (2005) advierte que, los procesos concursales precisamente buscan la participación y beneficio del total de acreedores implicados, dando prioridad al interés colectivo de estos antes que su interés individual.
Igualmente, Echeandía (2001) sostiene que, la naturaleza de los procesos concursales es la concurrencia de todos los acreedores, elemento colectivo característico y necesario, a los que les resulta aplicable el principio de universalidad.
Desde el momento en que los acreedores participan de manera equitativa en las ganancias y pérdidas del procedimiento concursal, debido al impedimento patrimonial del deudor de pagar las obligaciones contraídas, es cuando se materializa el principio de proporcionalidad. Asimismo, se evidencia el principio de equidad, cuando dichos acreedores luego de internalizar la crisis del deudor, distribuyen las pérdidas en forma eficiente (Flint, 2005).
Dicha crisis empresarial es definida como un suceso con potenciales consecuencias negativas para una entidad, y para sus usuarios, productos, bienes o servicios; interrumpe el devenir de las negociaciones empresariales y muchas veces puede menoscabar su misma existencia (Cruz, 2004).
Para Martin (2004), la crisis empresarial está caracterizada por exorbitantes costos de financiamiento, gastos operativos, inmovilización del patrimonio y en la mayoría de los casos, un inadecuado manejo económico de la empresa, que le impide adaptarse a nuevos desafíos, debido a errores en su dirección, estrategia y administración.
Precisamente, el sistema concursal está diseñado para hacer frente a la situación de crisis de la empresa, para que sean los acreedores los que tomen decisiones por ella, de modo tal que se reduzcan los costos de transacción entre estos y puedan tomar acuerdos respecto al mejor destino de aquella (Bullard, 1997).
Al revisar la exposición de motivos de la LGSC (Congreso de la República, 2002), en lo que respecta al primer efecto del concurso regulado en el artículo 17°, cual es la inexigibilidad de las obligaciones del concursado contraídas a la fecha en que se publica el procedimiento, esta señala que, de alguna manera, dicha suspensión importa una “intervención legal” en las relaciones jurídicas de este.
Se establece que dicha intervención tiene por finalidad fortalecer el patrimonio del concursado y para que la Junta de Acreedores tome decisiones efectivas sobre él. Este efecto solo tendría un tiempo de duración “definido” hasta que se apruebe el respectivo instrumento concursal: el plan de reestructuración, el acuerdo global de refinanciación o el convenio de liquidación
Asimismo, justificó la necesidad de dicha suspensión de obligaciones para fortalecer el patrimonio de la persona jurídica concursada, evitando así las obligaciones inmediatas de pago que desgastarían las decisiones eficientes de la Junta, sobre todo si los acuerdos contenidos en los instrumentos concursales podrán posteriormente ser oponibles a todos los acreedores en concurso y, por ende, de cumplimiento obligatorio.
El legislador previendo que el concurso persiga un patrimonio determinado, consideró que sus efectos no podrían alcanzar el patrimonio de terceros, de tal manera que los acreedores puedan dirigir el cumplimiento de obligaciones a aquellas personas que constituyeron garantías reales o personales a su favor frente a obligaciones del concursado, respetando así el régimen de garantías y premiando el comportamiento diligente de aquellos que se protegieron mejor ante el riesgo que implica no cumplir con dichas obligaciones.
Finalmente, el legislador consideró que, si son inexigibles las obligaciones de la sucursal concursada, los acreedores podrán ejecutar el patrimonio de la matriz, en función a que ambos entes tienen patrimonio distinto.
Por otro lado, el artículo 18° de la LGSC referente al marco de protección legal del patrimonio, como segundo efecto del concurso, fue regulado con la finalidad de evitar que cualquier acreedor tenga la posibilidad de ejecutar individualmente sus acreencias, tan pronto descubra la situación de crisis de su deudor y desincentive la búsqueda de acuerdos colectivos tendientes a enfrentar dicha crisis, y para evitar a su vez, la depredación del patrimonio.
Inclusive, impone a los jueces, árbitros y demás autoridades competentes diversas obligaciones sobre medidas cautelares ordenadas o trabadas contra bienes del concursado, a pesar del peligro en la demora en el acceso oportuno y prioritario a los beneficios sociales, declarándose que el patrimonio del concursado no podrá someterse a ejecución forzada, a excepción de las ejecuciones por obligaciones post concursales o corrientes, las cuales tiene un tratamiento preferente y diferente de los créditos concursales.
Así también, apunta a que todo procedimiento suspendido en su etapa de ejecución, es para impedir que se desmembre el patrimonio concursado, beneficiando a un acreedor respecto del resto de acreedores, exceptuándose la ejecución de los bienes en peligro de deterioro o pérdida pertenecientes al deudor, a fin de no depreciar o perjudicar su valor, lo cual afectaría a la masa de acreedores, siempre que se precise el destino del producto obtenido según se encuentre el deudor en reestructuración, concurso preventivo o liquidación (Congreso de la República, 2002).
Para que cualquier deudor pueda solicitar el inicio del procedimiento, el artículo 103° de la LGSC establece que deberá adjuntar la solicitud de apertura del proceso con los siguientes documentos: un resumen ejecutivo fundamentando el inicio del procedimiento, la viabilidad de sus actividades y los medios para solventar las obligaciones adeudadas.
La autoridad concursal luego de la constatación pertinente admite a trámite la solicitud acogiendo a concurso preventivo al deudor y disponiendo la publicación del concurso, con el fin de recabar las solicitudes de reconocimiento de créditos. En esta instancia la persona acogida goza de protección patrimonial y se suspende la exigibilidad de sus obligaciones.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 32° de la LGSC, después de verificar los supuestos antes mencionados, la Comisión Concursal del INDECOPI declara la insolvencia del deudor y una vez que queda consentida dicha resolución, el referido órgano administrativo, mediante aviso publicado en el diario oficial El Peruano convoca a los acreedores del deudor con la finalidad de que se apersonen al procedimiento solicitando el reconocimiento de sus créditos. Con la publicación de dicho aviso, el deudor adquiere el beneficio de la protección patrimonial de sus activos y la inexigibilidad de sus obligaciones.
Sobre el particular se debe tener en cuenta que, una legislación pro deudor que le facilita a este a acceder al concurso con el fin único de beneficiarse de la protección patrimonial, para evitar el pago a sus acreedores, encarecerá el costo del crédito, debido a que el sistema de reestructuración patrimonial se desacredita y se pierde confianza en el mismo, cuando precisamente el reto de dicho sistema es ser un recurso que permita la reducción de los costos de coordinación y de transacción entre el deudor y sus acreedores (Arosemena, 2003).
Ahora bien, con el precedente de observancia obligatoria aprobado por la Resolución N° 047-2025/SCO-INDECOPI del 24 de enero de 2025, si el deudor realiza cualquier pago de la deuda concursal durante el periodo de inexigibilidad de las obligaciones se considera como un acto de disposición patrimonial pasible de ser sancionado administrativamente, con una multa no menor de uno (1) ni mayor de cien (100) UIT, independientemente de si dicho acto fue efectuado con la finalidad de mantener en marcha la operación del deudor o no. Inclusive, esta potestad sancionadora alcanza a los créditos post concursales, en la medida que estos no se ajusten al desarrollo ordinario de las actividades del deudor, perjudiquen la posibilidad de recuperación de los créditos sometidos al régimen concursal y vulneren el principio de igualdad entre acreedores concursales, siendo cuestionable este criterio, toda vez que estos créditos son ajenos al régimen de inexigibilidad y deben ser satisfechos a su vencimiento.
Se precisa que, la restricción o privación parcial o absoluta del ejercicio de las facultades de administración y disposición patrimoniales impuesta por mandato expreso de la ley a los deudores concursados, es concordante con la teoría del desapoderamiento, a diferencia de la sanción de ineficacia concursal de determinados actos de disposición del deudor, la cual desvirtúa la eficacia de tales actos de manera ex post y no ex ante, como ocurre con el desapoderamiento, aunque opere con efectos retroactivos, dado que requiere necesariamente un pronunciamiento judicial o arbitral que prive de eficacia a los actos realizados como resultado del ejercicio de tales potestades.
Como ya se ha señalado ut supra, en razón de los criterios y presupuestos establecidos por la LGSC, se hace necesario analizar en la práctica el procedimiento concursal, tomando como referencia, independientemente de las publicaciones que se efectúan mensualmente en el portal de INDECOPI, las resoluciones relevantes que expide la Comisión de Procedimientos Concursales del citado ente, las cuales describen consecuencias, efectos, procedimiento y preeminencia del procedimiento concursal ordinario.
En ellas se ha podido observar que, la resolución que da inicio al procedimiento concursal ordinario establece la declaratoria del estado de insolvencia de la persona jurídica, dejando sin efecto cualquier exigencia de pago por parte de los acreedores anteriores a la solicitud de acogimiento al procedimiento concursal, así mismo la referida resolución declara el estado de insolvencia de la persona jurídica, prohibiendo a cualquier autoridad judicial o administrativa el inicio de cualquier acción tendiente a la ejecución del cobro de acreencias que tuviese la persona jurídica sometida a procedimiento concursal ordinario.
Se ha podido apreciar también que, las resoluciones que dan inicio al procedimiento concursal ordinario vienen siendo publicadas en el diario oficial, a fin de que las autoridades tengan conocimiento del sometimiento al procedimiento concursal de la persona jurídica, al igual que los acreedores tomen conocimiento del procedimiento y comparezcan con los títulos que acrediten sus acreencias a fin de ser reconocidos, protegiendo así, el patrimonio sometido a concurso hasta que se efectué la liquidación y se vea satisfecho el pago de los créditos reconocidos, o hasta que se declare la quiebra formal de la persona jurídica, de no existir patrimonio, bienes u activos que sean pasibles de liquidación.
En el derecho comparado, específicamente en las legislaciones concursales de Hispanoamérica (Chile, Colombia, Argentina, Uruguay, México y España), la suspensión de exigibilidad de las obligaciones del deudor concursado es similar a nuestra regulación concursal.
Por otro lado, tal como se evidencia de la Tabla 1, la totalidad de operadores jurídicos encuestados (60%) coinciden en señalar que, al iniciarse el procedimiento concursal ordinario las autoridades judiciales se ven impedidas de hacer efectivo cualquier cobro de acreencias laborales pese a ser el proceso judicial primigenio, lo cual guarda concordancia con los principios del sistema concursal, la intervención legal impuesta por el artículo 17ª de la LGSC y la teoría del desapoderamiento.
Este resultado refleja que, los especialistas en materia de derecho concursal tienen clara la insolvencia como estado pre y post al procedimiento concursal, los mecanismos de protección del patrimonio concursal y la inexigibilidad de las obligaciones, una vez iniciado el mismo y establecidos en la LGSC.
Corresponde a este nivel del estudio, analizar la segunda variable referente al derecho fundamental y constitucional a la remuneración, con apoyo de la jurisprudencia, de la cual se extrajeron los siguientes precedentes constitucionales:
Respecto al contenido del derecho al trabajo, los Expedientes N° 0008-2005-AI/TC y, N° 1124-2001-AA/TC. Demandantes: Juan José Gorriti y más de cinco mil ciudadanos; Sindicato Unitario de Trabajadores de Telefónica del Perú S.A. y la Federación de Trabajadores de Telefónica del Perú (FETRATEL), respectivamente.
Respecto a la dignidad laboral, referida a los derechos laborales inespecíficos: EXP. 1124-2001-AA/TC. Demandantes: Sindicato Unitario de Trabajadores de Telefónica del Perú S.A. y la Federación de Trabajadores de Telefónica del Perú (FETRATEL), EXP. 2129-2006-AA/TC. Demandante: Luis Leonjdas Chá Vez País.
Respecto al derecho a la remuneración, el Expediente N° 2382-2003-AA/TC – HUÁNUCO. Demandante: Milagritos Fany Baldeón Sánchez.
Respecto a la intangibilidad de las remuneraciones, los Expedientes N° 4188- 2004-AA/TC - LA LIBERTAD, N° 2906-2002-AA/TC – AREQUIPA, N° 3428-2004-AA/TC – LAMBAYEQUE, Nº 3331-2003-AA/TC – PIURA. Demandantes: César Julio Talledo Marchena y Otros, Mario Filiberto Figueroa Ayala, José Mercedes Carlos De La Cruz, y Norma Ordinola Ipanaqué, respectivamente.
Finalmente, respecto al contenido esencial del derecho a la remuneración, los Expedientes Nº 0020-2012-PI/TC y 00018-2013-P/TC, han precisado además el contenido no esencial o accidental de dicho derecho.
Del análisis preliminar de los citados precedentes constitucionales se ha obtenido como resultado que, dichas fuentes del derecho nos ayudan a establecer que el derecho a la remuneración contiene una doble naturaleza, como es la de ser un derecho personal y un derecho necesario, siendo este último el que deberá tenerse en cuenta a efectos de establecer su fuerza constitucional, frente a cualquier otro derecho que se oponga, obstaculice su aplicación o se imponga bajo ponderación.
Entre dichos supuestos se evidencia que, el despedido procede por causa justa y el trabajador debe contar con una remuneración justa y oportuna, que cualquier amenaza y restricción al pago de una remuneración por suspensión de esta a través de una resolución administrativa, constituye una violación de los derechos constitucionales de orden laboral.
Así mismo, las remuneraciones no pueden sufrir disminución en su monto o restricción, toda vez que se vulneraría el derecho a la intangibilidad de las remuneraciones y a la irrenunciabilidad de los derechos laborales, regulado en el artículo 26° inciso 2 de la carta magna, por tanto, así existan procedimientos contenidos en ley expresa donde se restringa o se distinga a través de un determinado procedimiento su otorgamiento, será contrario a la constitución.
Un punto muy importante que ahonda el análisis es que el TC ya ha establecido el contenido esencial del derecho fundamental a la remuneración, la cual abarca su carácter prioritario, en tanto su pago es preferente respecto de otras obligaciones del empleador, debido a su naturaleza alimentaria y por estar relacionado con el derecho a la vida y el principio-derecho a la igualdad y la dignidad (Cáceres, 2011).
Dicho esto, resulta necesario establecer la naturaleza jurídica del derecho a la remuneración en el Perú y pormenorizar cuál es su protección constitucional, para lo cual se revisó el articulado pertinente de la Constitución Política del Perú.
El artículo 22º refiere al trabajo como un deber y un derecho.
Respecto a su dimensión como derecho, el artículo 23° precisa que: “Ninguna relación laboral puede limitar el ejercicio de los derechos constitucionales, ni desconocer o rebajar la dignidad del trabajador”. Se impone, así, una cláusula de salvaguarda de los derechos del trabajador, en concordancia con el artículo 1º de la carta magna, que estatuye la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad como fin supremo de la sociedad y del Estado.
El artículo 24ª establece que el trabajador tiene derecho a una remuneración justa que procure para él y su familia el bienestar material y el desarrollo espiritual. El trabajador, varón o mujer, tiene derecho a igual remuneración por igual trabajo prestado en idénticas condiciones al mismo empleador. Esto permite que, en la relación asimétrica empresa - trabajador, se evidencie el principio de igualdad.
De esta manera, la carta magna preserva al trabajador, inclusive si intenta abdicar a sus derechos y beneficios, por falta de conocimiento, amenaza, coacción o violencia.
Teniendo en cuenta la regulación constitucional del derecho a la remuneración establecida en los artículos 23º y 24º de la Constitución, en concordancia con la interpretación de los tratados internacionales de los cuales nuestro país es parte, el TC en las sentencias recaídas en los Expedientes Nº 0020-2012-PI/TC y 00018-2013-P/TC ha señalado el contenido esencial y no esencial o accidental del derecho a la remuneración.
En su opinión, en los casos en concreto, se transgredieron los derechos sociales y económicos de la carta magna, específicamente: la remuneración, la preferencia al ejecutar pagos y beneficios sociales, la igualdad, la irrenunciabilidad de derechos y la interpretación favorable, de mediar duda.
Asimismo, el TC a través de las sentencias antes indicadas ha establecido la necesidad de centrar el estudio de la remuneración en la estructura del derecho fundamental, y determina su contenido esencial desde la teoría institucional, esto es, absolutamente intangible para el legislador, y señala su contenido accidental, claudicante ante los límites proporcionados que el legislador establezca, a fin de proteger otros derechos o bienes constitucionalmente garantizados
Según el contenido esencial de dicho derecho se puede describir que, la remuneración es de orden prioritario, en tanto su pago es preferente frente a las demás obligaciones del empleador, de cara a su naturaleza alimentaria y su relación con el derecho a la vida y el principio-derecho a la igualdad y la dignidad.
Bajo el presupuesto de descripción del contenido esencial a la remuneración, según interpretación debida de la constitución, no se debería poner en discusión la prevalencia que tiene este derecho fundamental, menos aún concursar con otros, que también se encuentran regulados en la constitución, como el debido proceso, derecho a la defensa, derecho de petición, etc.
Por tanto, afirmar que la ley del procedimiento concursal debe ser aplicada sin preceptuar este derecho, no solo infringiría el precepto constitucional y de jerarquía normativa, sino pondría en riesgo la seguridad jurídica del trabajador, al cual por ley no se le puede restringir, disminuir, atenuar o desviar de una jurisdicción, cuando ya ha obtenido su derecho remunerativo protección constitucional.
A modo de paréntesis, para ilustrar qué tan pétreo es este derecho desde sus orígenes con la revolución francesa. Sucede que, cuando aparece el proceso de globalización, la transformación digital y las telecomunicaciones, surge la flexibilización laboral, esto es, la generación de condiciones económicas y legales que permitieron a las entidades, empresas y trabajadores adaptarse al nuevo escenario de competencia comercial.
Esto importó la disminución de derechos laborales a fin de fomentar la competitividad, aumentar el empleo y la inversión. Sin embargo, dichos derechos siguieron siendo derechos fundamentales para garantizar condiciones laborales justas y equitativas, proteger la dignidad y el bienestar de los trabajadores, así como fomentar ambientes de trabajo saludables y productivos, como valores y principios esenciales de una relación laboral.
En el Perú este cambio se dio en los años noventa y sirvió para superar la crisis económica nacional en que se encontraba el país. Entre las medidas de flexibilización laboral se citan los ceses colectivos en el sector público y privado, y los cambios legislativos incorporados en la Constitución Política de 1993 la cual dejó de reconocer expresamente el derecho a la participación de los trabajadores en la gestión de la empresa, la propiedad y en las utilidades, el derecho a la estabilidad en el trabajo, amparando al trabajador solo en caso de despido arbitrario. Más aún, el modelo socio-económico del Perú ya no descansa en el trabajo como concepto fundante.
Se señala que, la constitución actual es más flexible en comparación con su antecesora de 1979, porque superó impedimentos y reglamentaciones laborales. Sin embargo, flexibilidad no es sinónimo de vacío de regulación como sucede con la actual constitución, la cual realiza una reglamentación genérica, y hasta una aparente desconstitucionalización de derechos laborales, dejando en el legislador o gobernante de turno la posibilidad de regular nuevas tendencias en esta materia.
Para Zúñiga (2017): “una mayor flexibilidad no debería producir retrocesos o poner en cuestión derechos fundamentales de los trabajadores” (p. 46). Dicho autor considera que este enfoque no debe rebajar la calidad en las condiciones de empleo, sino potenciar las capacidades de los trabajadores en un entorno altamente competitivo, buscando corregir los excesos flexibilizadores incurridos en la reforma laboral de los años noventa, para lo cual se deberá tener siempre presente la legislación de la Organización Internacional del Trabajo, de la cual el Perú es parte.
En tal sentido, si el respeto y reconocimiento del derecho a la remuneración, como derecho fundamental, no forma parte de la citada flexibilización laboral, bajo ningún supuesto tiene que ser negociable o discutible para satisfacer los fines que persigue la normatividad concursal.
Si bien, la OCTAVA Disposición Complementaria de la LGSC obliga a su aplicación preferente frente a las normas del Código Civil, Código Procesal Civil, Código Tributario, Ley General de Sociedades, Ley de Títulos Valores, Código de Comercio y demás normas que, en situaciones normales, rigen y regulan la actividad de las partes, entre ellas, las normas procesales laborales, sus disposiciones reglamentarias, complementarias, modificatorias y ampliatorias; no puede soslayar la regulación constitucional que protege el derecho a la remuneración, en virtud del principio de jerarquía normativa previsto en el artículo 51º de la carta magna, la cual prima sobre la LGSC y el resto de normas del ordenamiento jurídico.
Sin embargo, independientemente del esquema de jerarquía normativa y del modelo de ejecución de las decisiones jurisdiccionales, se debería tener en cuenta la flexibilización de la LGSC, en la cual, la protección del patrimonio concursado se vincule al cumplimiento de pago de acreencias de forma ordenada, y solo respecto de obligaciones que no han sido satisfechas y que no tienen un sustento o protección de orden constitucional, es decir, aquellas que sean propias de relaciones contractuales o tributarias, las cuales bien pueden condonarse, compensarse o incluso esperar la existencia de bienes o remanentes para ver satisfecha la acreencia, o seguir manteniéndose en el mercado pese a liquidarse la persona jurídica.
Nótese que, el hecho de prohibir a la autoridad judicial iniciar la ejecución de sus propias resoluciones, no cuenta con respaldo constitucional directo, dado que no supera el test de razonabilidad. Así, cuando se suspende la ejecución forzada de un bien, a causa del inicio de un procedimiento concursal, se lesiona el derecho fundamental a la ejecución de las resoluciones judiciales, por lo que se debe establecer una excepción aplicable en aquellos casos donde se haya programado fecha de remate (Ocharán, 2020).
Tampoco tiene acogida en sede constitucional, que, el derecho legal del deudor a solicitar su incorporación al procedimiento concursal entre en colisión con el derecho constitucional del acreedor a la remuneración, menos aún, en un estado constitucional y democrático de derecho.
Es de destacar que, el trabajador no puede esperar un procedimiento ulterior, cuando ya se cursó un proceso judicial, eso sería contrario a los derechos de la persona de no ser sometido a distintos procesos para alcanzar justicia, creemos que ello atenta directamente con el derecho fundamental a la dignidad del ser humano y al derecho a alcanzar justicia en el plazo razonable, siendo el estado el que debe velar para que no sea una vía dúctil ante adeudos laborales, y evitar que la LGSC prohíba, suspenda e impida procesos labores que cuenten con sentencia judicial firme y consentida, y en etapa de ejecución.
Bajo la vertiente neoconstitucionalista, la LGSC queda pues subordinada al texto constitucional, y, por ende, a los criterios de validez impuestos por los principios (Pozzolo, 2011).
Ello es congruente con el resultado, en el que la totalidad de operadores jurídicos encuestados concuerdan que la declaración de insolvencia de la persona jurídica en etapa de ejecución de sentencia afecta el contenido esencial del derecho a la remuneración de los trabajadores al no satisfacer o cubrir la acreencia laboral de forma prioritaria y oportuna, y por ende, advierten el problema de validez, específicamente de los artículos 17° y 18° de la LGSC, por entrar en contradicción con una norma superior regulada en la Constitución Política: el derecho a la remuneración.
Finalmente, los resultados evidencian los conocimientos de los especialistas en materia de derecho concursal y derecho laboral; en consecuencia, se acepta la hipótesis de investigación, derivada por deducción lógica, de la teoría institucional de los derechos fundamentales y la teoría de la ponderación.
Sin perjuicio de que la ponderación de derechos es función de la jurisdicción constitucional, se propone la modificación normativa de los artículos 17° y 18° de la LGSC, a fin de establecer que los procesos judiciales laborales en etapa de ejecución de sentencia firme o ejecutoriada se encuentran exceptuados de la inexigibilidad de las obligaciones y del marco legal protector del patrimonio, con motivo de la insolvencia de la persona jurídica, declarada a través del procedimiento concursal ordinario del deudor.
Prescribiéndose esta excepción, siempre que medie previa comunicación del estado de los mismos a la Comisión de Procedimientos Concursales de INDECOPI, no incluyéndolos en el orden de prelación o reconocimiento de créditos, debiendo el órgano jurisdiccional ejecutar el mandato constitucional de hacer cumplir las sentencias, reivindicando así, el derecho a la remuneración de forma oportuna.
Estos resultados, sustentados en las teorías revisadas, pueden ser tomados en cuenta en estudios futuros similares, a fin de mejorar y armonizar la regulación de la LGSC con la regulación constitucional.
CONCLUSIONES
En el Perú, la declaración de insolvencia de la persona jurídica afecta el derecho fundamental a la remuneración, al impedir el acceso prioritario y oportuno de los beneficios laborales en etapa de ejecución de sentencia.
La declaración de insolvencia en el procedimiento concursal ordinario y su marco normativo se orienta a la protección del patrimonio sometido a concurso y la inejecución de acreencias anteriores al inicio del procedimiento concursal ordinario.
En la ejecución del proceso laboral, la declaración de insolvencia de la persona jurídica tiene como efecto la suspensión de la ejecución forzada de la medida cautelar previamente concedida.
El 100% de acreedores de procesos tramitados en los Juzgados Laborales de la Corte Superior de Justicia de La Libertad tienen mandato judicial inejecutable por inicio del procedimiento concursal.
La Inexigibilidad de las obligaciones en cualquier proceso o procedimiento y la defensa del patrimonio concursado es el fundamento jurisdiccional para la suspensión de la ejecución de sentencias laborales como consecuencia de la declaración de insolvencia de la persona jurídica.
Prevalece el contenido esencial del derecho fundamental a la remuneración por cuando se trata de un principio fundamental y un derecho de primer orden.
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