Inquilla, M..; revista Sciéndo ingenium, v. 22, n. 1, pp. 45 – 55, 2026.
1. INTRODUCCIÓN
La pequeña minería constituye un sector estratégico para el crecimiento económico y la generación de empleo
rural, razón por la cual se considera una prioridad dentro de la política minera nacional (Hentschel et al. 2003).
En el Perú, la promulgación de la Ley de Formalización y Promoción de la Pequeña Minería y Minería
Artesanal (Ley N° 27651) ha establecido el marco jurídico fundamental para regularizar y tecnificar las
operaciones de los pequeños operadores (Ministerio de Energía y Minas [MINEM], 2002).
Bajo este contexto normativo, surge el proyecto titulado "Impacto de un Instrumento de gestión ambiental para
la formalización de labores de pequeña minería de la empresa C.M. Chilia". Esta iniciativa se localiza en el
distrito de Chilia, una zona de reconocida importancia por sus yacimientos de oro y polimetálicos (Instituto
Geológico, Minero y Metalúrgico [INGEMMET], 2019). La propuesta técnica se basa en un sistema de minería
subterránea convencional, que incluye la gestión técnica de depósitos de desmonte y el transporte de mineral
hacia plantas de beneficio formalmente autorizadas (C.M. Chilia, 2023).
La finalidad de la presente investigación de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA), es contar con la
Certificación Ambiental expedida por la Gerencia Regional de Energía y Minas La Libertad, para ejecutar
tareas de explotación minera de minerales como el Au, Ag, Cu y otros polimetálicos en el proyecto “Impacto
de un Instrumento de gestión Ambiental para formalización de labores de pequeña minería de la empresa C.M
Chilia”.
La formalización de la minería implica un reto importante en Perú, por el tipo de cultura y comportamiento del
sector, el crecimiento que se ha manifestado en la última década de este tipo de actividades en todo el país, a
raíz de esta situación y considerándose de vital importancia el Ministerio de Energía y Minas (MINEM)
presentó el proyecto de Ley de la Pequeña Minería y Minería Artesanal, con la finalidad de ordenar las tareas
mineras a pequeña escala y dirimir con el desarrollo de legalización minera integral en evolución, se espera a
partir de la promulgación de dicho documento, que las mineras que se encuentren desarrollando este tipo de
actividades al margen de lo descrito puedan iniciar un proceso de formalización, quedando como plazo máximo
el 31 de diciembre de 2024, concorde con el Decreto Legislativo N° 129, la búsqueda de este tipo de
documentos es brindar apoyo sostenido a quienes se encuentran desarrollando este tipo de labores al
rendimiento de la ley o que aún no cumplen con lo establecido en la misma, se espera que las empresas que
realizan dicha actividad a pequeña escala puedan acceder a procesos simplificados y beneficios que les
permitan ser sostenibles económica y ambientalmente (MINEM, 2024).
El tema de la formalización es cada vez una problemática que requiere ser atendida si se considera que a junio
(2025) en regiones cercanas a La Libertad, caso concreto Cajamarca se incrementó la solicitud de concesiones
de explotación en 41 puntos de extracción, sin embargo, solamente 14 de estos han iniciado los procesos de
formalización de acuerdo con lo dispuesto en la ley (Cooperacción, 2025). El proceso de formalización de la
minería ilegal es uno de los problemas estructurales complejos que actualmente forman parte de la realidad
nacional en el país, situación que se agrava cuando este flagelo afecta la seguridad de los ciudadanos y
compromete el bienestar ambiental de la población, a raíz de ello, es imperativo la promoción de un cambio y
hacer el fomento de las condiciones para la formalización de la actividad minera en diferentes regiones del país
(Defensoría del pueblo, 2025).
En el contexto nacional la formalización de la actividad minera implica una revisión exhaustiva de procesos,
voluntades políticas pero sobre todo una realidad que se torna cada vez compleja, puesto que a la luz de la
problemática, se advierte la presencia de actores comunitarios atentos a velar por los derechos de sus
comunidades, situación loable, sin embargo, la ruta de la minería ilegal, pese a contar con los instrumentos de
gestión ambiental, no ha mejorado su disposición en la escena nacional, al contrario durante el año 2025 las
agraviantes en distintas regiones del país orientan a la vulnerabilidad administrativa del ejecutivo y los nuevos
retos en pro del fomento de la formalización de dicha actividad como un recurso responsable y de gran
beneficio al mediano plazo (FCDS, 2025).
La minería de pequeña escala es reconocida como un motor significativo para el desarrollo socioeconómico
regional, actuando como un mecanismo crítico para la generación de ingresos y la dinamización del empleo en
zonas rurales (Pachas, 2021). No obstante, para asegurar una administración y control fiscalizador efectivo,
resulta imperativo integrar instrumentos de gestión que permitan cuantificar y mitigar los impactos ambientales
derivados de esta actividad (Bustamante, 2018). En este contexto, el Ministerio del Ambiente (MINAM), en
concordancia con el marco jurídico vigente, ha diseñado herramientas de adecuación ambiental que permiten
a los operadores mineros transitar hacia la formalidad, promoviendo un modelo que armonice el crecimiento
económico con la preservación de los ecosistemas (MINAM, 2019).
Bajo este marco normativo, la Ley N° 27651 ha establecido los lineamientos para la regularización técnica de
los pequeños mineros (Ministerio de Energía y Minas [MINEM], 2002). En este escenario, surge el proyecto
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